Los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón y Cabrales aceptan que parte de sus barrios, o de sus pueblos, sean declarados zona tensionada. En el estudio que realizó la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos había otros siete concejos (Oviedo, Siero, Castrillón, Corvera, Cudillero, Ribadesella, Ribadedeva) que también cumplían con los requisitos para que fueran etiquetados como zonas tensionadas, pero los gobiernos municipales no estuvieron interesados en adquirir esa condición.

Empieza en Asturias el experimento de la zona tensionada que sólo se ha realizado a gran escala en Cataluña, al aplicarse en 271 municipios que albergan casi el 90% de la población de la comunidad autónoma. En el País Vasco se ha iniciado en algunos ayuntamientos, destacando Bilbao como zona 100% tensionada. En Navarra también se dan los primeros pasos. En conclusión: la nueva Ley de Vivienda sólo se aplica en comunidades gobernadas por partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En el primer año de aplicación en Cataluña se redujo el 30% la oferta de pisos de alquiler y, en consecuencia, subió el precio del alquiler (12%).

Habrá que observar lo que ocurra en los siguientes ejercicios, pero de momento ya sabemos que la solución al problema de la vivienda, que pasa por aumentar la oferta, no se logra poniendo topes al alquiler. En Gijón la medida sólo se llevará a cabo en Cimadevilla y La Arena. Me sorprende la forma de gestionar. No entiendo cómo se puede aprobar una norma sobre alquileres para que rija solo en dos barrios concretos de la ciudad. Cimadevilla y La Arena forman parte del mismo mercado de la vivienda que el resto de Gijón. La razón de que en esos dos barrios haya subido más el precio del alquiler –cuestión discutible porque no es tan fácil de medir–, probablemente esté relacionada con su cercanía a la playa de San Lorenzo y a las rentas que se pagan en verano. La autoridad competente pensará que poniendo topes remedia el problema, pero es muy probable que los propietarios abandonen el mercado, porque recelan de los peajes que conlleva la etiqueta de zona tensionada.

Me parece loable el objetivo de los responsables políticos, pero creo que sólo con potenciar la vivienda pública y poner topes al alquiler no se remedia el gran desajuste que hay entre oferta y demanda. A corto plazo, la clave pasa por incorporar a la oferta tanto piso que está deshabitado por miedo a ser calificado de inmueble tensionado.