Pleno en la Cámara con asuntos varios en el orden del día, entre ellos, el viaje del presidente Barbón a Estrasburgo, con la política industrial como centro de sus gestiones, y la repercusión que tendrá el nuevo salario mínimo, sometido a tributación, en los trabajadores. Los portavoces del PP (Queipo) y Foro (Adrián Pumares) achacaron a Barbón que tardara seis años en hacer un viaje a Europa. La observación es obligada para cualquier portavoz de la oposición.

Barbón hizo mención a la pandemia como obstáculo para los viajes internacionales. La pandemia es más una disculpa que un argumento, ya que estamos hablando de un periodo que va de 2019 a 2025. Para poner en contexto la actividad en el exterior de Barbón, recordemos que en Asturias hubo ocho presidentes (no incluyo a Rafael Fernández); de ellos, sólo uno, Areces, tuvo una actuación continuada en las instituciones europeas, participando y siendo ponente en el Comité de Regiones, donde logró que la Comisión Europea admitiera otros indicadores, además del PIB, para repartir subvenciones. Como presidente visitó más de treinta países. No hizo grandes discursos, pero fue el que logró más cosas tangibles para los asturianos, desde hospitales hasta autovías. Me produce un cierto desasosiego que los líderes políticos se enzarcen sobre los éxitos o las pérdidas de tiempo que comportan los viajes del Gobierno a las sedes europeas. En todo lo que tiene que ver con la actividad en el exterior debe predominar el tono contenido en las intervenciones.

Sobre la política industrial, Barbón anunció que el Principado tiene contactos con treinta grandes empresas interesadas en invertir en Asturias. Con que la tercera parte se concreten me daría por satisfecho. Pumares afirmó que el Principado no tiene una estrategia para evitar las deslocalizaciones de empresas. Seamos serios. Las principales competencias en industria son del Gobierno central. No existen estrategias contra la deslocalización en clave autonómica.

Queipo ha encontrado un filón en la cuestión impositiva. Afirma que los trabajadores asturianos son los segundos más perjudicados por la tributación del salario mínimo. No me extrañaría, porque en el tramo autonómico las rentas bajas asturianas son las que más tributan de España. Barbón repite el argumento de Guillermo Peláez: la vía fiscal asturiana (subvenciones para situaciones concretas) hará que la mayoría no tributen. Va a tener que explicarlo muchas veces Peláez.