La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar negocia con la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege) la cantidad de dinero que tiene que aportar el Principado para mantener las plazas concertadas en residencias para la tercera edad. En la actualidad hay 2.110 plazas disponibles en el sector privado para concertar con el Principado, pero debido a la escasa subvención que aporta la Consejería, no llegan a 1.800 las plazas. A día de hoy las residencias reciben 48 euros por plaza y día, que es la cantidad más baja del conjunto de las comunidades autónomas. Esa aportación de recursos está prevista para financiar la habitación, cinco comidas, el aseo, las actividades habituales de la vida en la residencia, etc. La revisión de la subvención elevará la cantidad a 72 euros por plaza, aunque todavía quedará por debajo de la media de las comunidades autónomas que se sitúa en 76 euros. Como siempre los vascos, gracias al privilegio foral que les otorga quedarse con el 100% de la recaudación fiscal, dotan las plazas concertadas con más dinero que el resto: la Diputación de Guipúzcoa, 107 euros por plaza y la Diputación de Vizcaya aporta 100.

A su vez, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar subvenciona la plaza concertada con una cantidad más baja que la plaza pública. Como mínimo hay una diferencia de 123 euros al mes. La nueva subvención se empezará a aplicar en el cuarto trimestre del presente año, gracias a once millones que aportará el Principado para mantener las plazas concertadas. En la red pública –Establecimientos Residenciales para Ancianos– hay 3.000 peticiones sin atender. Personas, en muchos casos con más de ochenta años, que los servicios sanitarios y sociales, en la mayoría de las ocasiones, consideran que no están en condiciones de vivir solos, se encuentran con la puerta cerrada de las residencias del Principado, pese a que todas las semanas algún miembro del Gobierno nos recuerda que el sistema de bienestar asturiano no tiene parangón en España.

En Asturias hay 15.130 plazas geriátricas, de las que 8.579 están en el sector público (56,4%) y 6.643, en el sector privado (43,6%). Con una demanda creciente que deja a 3.000 personas en lista de espera, es evidente que debe incrementarse el concierto con las entidades privadas. El tsunami de la tercera edad, me refiero al crecimiento exponencial de la demanda en servicios sanitarios y sociales de los mayores, dista de haber alcanzado el máximo. El Gobierno debe adaptar el presupuesto regional a esta realidad. Es urgente.