El 17 de mayo de 2023 se aprobó la Ley de Vivienda en el Senado. Desde entonces fue muy contestada por la opinión pública y la oposición. El Gobierno presentó la norma como una forma de defender a las personas sin recursos, tomando como remedio el crecimiento del parque público de viviendas. La ley contenía aspectos que no ocupan un lugar central en la norma, pero indignaron a un sector de la población, como el guante blanco con los okupas. Pronto se culpó de la carencia de viviendas a los pisos turísticos. La problemática se recrudeció en Barcelona y todo lo que pasa en esa ciudad se convierte en prioridad para el Gobierno de Sánchez.

Hay 26,6 millones de viviendas en España ¿Cómo van a ser los 350.000 pisos turísticos los culpables de la falta de viviendas libres? En Barcelona hay 10.000 pisos turísticos y el alcalde socialista, Jaume Collboni, anunció que en noviembre de 2028 retirará a licencia a todos.

Las once comunidades autónomas gobernadas por el PP hicieron caso omiso de la Ley de Vivienda, presentada por el Gobierno central sin informar a los gobiernos autonómicos que son los que tienen las competencias en vivienda. La disputa continúa con la ministra de Fomento atrapada entre la indignación y la resignación.

Bucle
La Ley de Vivienda ha provocado el fenómeno contrario al que pretendía: disminuyó la oferta de viviendas. Como sucede en cualquier mercado, si la oferta se retrae y la demanda se mantiene constante, o crece, el precio aumenta. Los pisos son cada vez más caros y los alquileres se elevan. En 2024, el crecimiento de los precios entró en un bucle especulativo; la mayoría de las compras de inmuebles no están pensadas para habitarlos, sino para hacerse con un bien que sube de valor y produce, en el corto plazo, sustanciosas plusvalías.

En 2024, la mitad de las viviendas se pagaron al contado, rasgo inequívoco de que hay inversionistas apostando por inmuebles. Nunca hubo tantos extranjeros que se convirtieran en propietarios.

El metro cuadrado de la vivienda de segunda mano está en 2.405 euros; en el año 2005, antes de que explotara la burbuja inmobiliaria, estaba el metro cuadrado en 2.400 euros. Los expertos dicen que todavía va a crecer antes de pinchar la burbuja. Ante este estado de cosas, la Ley de Vivienda tiene un instrumento novedoso: la zona tensionada. Se declara a una ciudad o a un barrio como zona tensionada y se pueden poner topes a los alquileres. La ley presenta la zona tensionada como una respuesta a la «oferta insuficiente». Un territorio es susceptible de estar tensionado si la carga media del coste de la hipoteca o del precio del alquiler, más los suministros y los gastos básicos superen en un 30% a los ingresos del comprador o arrendatario. Otra posibilidad: cuando en los cinco últimos años el precio del alquiler, o el coste de la hipoteca, haya crecido tres puntos por encima del aumento del PIB.

No voy a entrar en los dos supuestos que plantea la ley, aunque el segundo me parece muy desafortunado, porque el PIB no tiene relación alguna con el resto de variables que definen el drama de la vivienda. Vamos a darlos por buenos, pero reseñando que la zona tensionada no amplía la oferta, la variable clave.

Gijón
La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, en manos de IU, hizo un estudio y detectó doce municipios con zonas tensionadas. El consejero, Ovidio Zapico, habló con los doce ayuntamientos, seis de ellos (Oviedo, Siero, Castrillón, Corvera, Ribadesella, Cudillero) no están interesados en aplicar el mecanismo de la zona tensionada. Los otros seis (Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón, Cabrales) se mostraron favorables.

En sesión plenaria, el Ayuntamiento de Gijón votó a favor de convertir los barrios de Cimadevilla y La Arena en zonas tensionadas. El Principado estudia fijar topes para los alquileres y, entonces, los concejales del equipo de Gobierno, Foro-PP, levantan la voz alarmados diciendo que «la intervención no es una solución», «no queremos que en Gijón haya zonas tensionadas». Gobiernan, pero no se enteran de lo que votan.

Para hacer frente a la crisis de la vivienda, el Principado maneja tres instrumentos: los topes a los alquileres (zonas tensionadas), la construcción de 5.000 viviendas públicas en diez años y el programa, ‘Alquilámoste’, basado en gestionar pisos de alquiler con garantías de cobro y mantenimiento para el propietario, y la fijación de una renta asequible.

El crecimiento del parque de vivienda pública nos acerca al modelo europeo y el programa de alquiler va a funcionar en determinados barrios y con inmuebles de una cierta edad, pero veo tres carencias.

Carencias
El crecimiento de la oferta será insuficiente porque con 500 viviendas al año la demanda no se cubre. Segunda carencia: la iniciativa privada juega un papel secundario, en caso de jugar alguno. Ni antes ni ahora se pueden solucionar los desajustes de la vivienda sin las empresas del sector. Hay otras actividades en que lo público es predominante, pero en la vivienda no lo es.

Los pisos vacíos no entran en la ecuación. En Asturias, solo entre Gijón y Oviedo hay más de 17.000. Si sumamos el resto, la cifra es mucho más elevada, aunque abundan los que están en mal estado. Por último. En la crisis de la vivienda late la desconfianza de un sector de la propiedad que ve en la ley una forma de hacer política social con sus bienes. Para gobernar hay que contar con la confianza de los ciudadanos.