La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, ha declarado en el Senado que informó al Principado de una denuncia que había recibido a mediados de marzo sobre la extracción de carbón en la mina de Cerredo. La denuncia y consiguiente información tuvieron lugar unos días de que ocurriera el trágico accidente minero. En las dos últimas comparecencias de la exconsejera, Belarmina Díaz, en la Junta General del Principado, para dar explicaciones sobre el accidente y atribuir responsabilidades, no tuvo a bien comunicar a los diputados la información recibida del Ministerio para la Transición Ecológica. Sí criticó a los responsables de la mina, la empresa Blue Solving, a la que comparó con el peor de los chamizos, pero no consideró necesario que los representantes de los asturianos y la opinión pública supieran de la existencia de una denuncia que iba dirigida al centro de las irregularidades que se le imputan a la empresa: sacar carbón de la mina, cuando desde 2018 está prohibida esa labor.

El Principado tampoco dijo ni una palabra de la denuncia recibida a través de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, pese a que todas las referencias sobre las investigaciones que hay sobre la mina vienen envueltas en la balsámica etiqueta de «transparencia».

En octubre de 2023, año y medio antes, ya había denunciado un particular la actividad ilegal en la mina, a través de un correo al Principado, pero por imponderables la denuncia quedó sin tramitar. Lo cierto es que, pese a lo ocurrido en 2022, cuando tras otro siniestro mortal se supo que la empresa extraía carbón de forma ilegal, la Dirección General de Minería y Energía del Principado no tuvo empacho alguno en concederle una licencia a la empresa para analizar el carbón y extraer nuevos materiales en el tiempo récord de 33 días. Así ya logró la empresa la forma legal de hacerse con miles de toneladas.

La vicepresidenta fue cuestionada en el Senado por la actuación del Gobierno en el accidente de Cerredo, pero lo cierto es que el Ejecutivo puede dictar normas generales sobre la minería, pero la competencia en la concesión de permisos, la gestión de los recursos mineros, el control y la inspección de las explotaciones corresponde al Principado. Para que reine la transparencia y no haya silencios interesados, cada vez se hace más evidente que junto a las investigaciones judicial y administrativa hace falta una comisión de investigación parlamentaria que señale con el dedo a culpables y cómplices.