Conocido el drama de la política española, montado sobre artificiales antagonismos e inexplicables alianzas que paralizan la legislatura y hacen crujir las vigas maestras del Estado, toca reseñar que la última semana nos ha traído novedades insospechadas, quizás porque el presidente y su Gobierno estén todavía bajo los efectos del apagón. El lunes nos enteramos de que Pedro Sánchez va a someter la opa del BBVA al Sabadell a una consulta pública en que participarán empresarios, ciudadanos, agentes sociales, etc. Es difícil digerir la noticia y más aún valorarla.

¿Ciudadanos y colectivos heterogéneos pueden influir sobre la compra de acciones entre dos bancos? ¿Sucedió alguna vez algo parecido en la Unión Europea? Al parecer, la consulta se hace para preservar el «interés general».

Madrid

La otra novedad llegó con el pleno del Congreso de Diputados dedicado a explicar las causas del apagón y el aumento del gasto en Defensa. Estamos acostumbrados a que la oposición pregunte y el Gobierno conteste cualquier cosa, pero lo que ocurrió esta semana fue un paso más en la escala de la degradación parlamentaria.

El presidente hizo afirmaciones disparatadas. Dijo que en España no hay uranio, así que si se apuesta por las centrales nucleares habría que importarlo: «Esa es la soberanía nacional de los que defienden las centrales nucleares», sentenció el presidente. El Libro Rojo del Uranio, que publican la Agencia de Energía Nuclear (NEA) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), señala que en España hay una de las mayores reservas europeas de uranio. Hay minas de uranio en Salamanca (la segunda de Europa: 25.000 toneladas a cielo abierto), Badajoz, Cáceres, Jaén, Córdoba. Hay uranio para alimentar durante 20 años a las centrales nucleares, pero el uranio español no se puede explotar porque lo impide la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente calificó de «ultrarricos» a los dueños de las centrales nucleares, como si los propietarios de los paneles fotovoltaicos o de los campos eólicos perteneciesen a la clase «media trabajadora». Iberdrola, Endesa y Naturgy son las tres mayores empresas energéticas de España y generan la mitad de la electricidad verde. Líderes en energías fósiles y en renovables.

No dijo cuál había sido la causa del apagón y tampoco aclaró cómo iba a aumentar en 10.400 millones el gasto en Defensa, aunque aseguró que no va a ser subiendo los impuestos, ni endeudándose ni recortando el gasto social. El presidente Sánchez acentúa el enfrentamiento con la oposición porque las encuestas señalan, mes tras mes, que si hay elecciones pierde el poder.

Asturias

En Asturias supimos esta semana más cosas sobre la mina de Cerredo, donde se produjo el accidente que truncó la vida de cinco mineros. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, declaró en el Senado que el 12 de marzo, en cuanto le llegó una denuncia sobre extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo lo puso en conocimiento de la Autoridad Minera (Principado). La exconsejera, Belarmina Díaz, no hizo pública esa información. El Principado mantuvo oculto el hecho y los asturianos nos enteramos por la ministra. También supimos estos días que la Autoridad Minera actuó con gran celeridad cuando recibió una denuncia contra la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea): a los once días de recibir la denuncia ya estaba inspeccionando la mina. La lentitud en Cerredo se vuelve urgencia en Cangas del Narcea. Qué llamativo.

Sin dejar el carbón, en la Junta General del Principado el Gobierno regional reconoció que, en 2019, al iniciar el mandato Nieves Roqueñí, entonces viceconsejera de Medio Ambiente, y Belarmina Díaz, a la sazón directora general de Minas, no declararon tener conflicto de intereses. Roqueñí mantenía vínculos familiares con directivos de Minersa, empresa minera, que fue sancionada por un vertido ilegal, y Díaz también tenía familiares cercanos que trabajaban en el sector. Eran las que más presumían de transparencia…

Las expectativas sobre la comisión de investigación del accidente de Cerredo las ha frustrado Vox, al negarse a votar a Tomé y proponer como alternativa la unión de las derechas para quedar en minoría. La decisión la tomaron entre la portavoz (Carolina), el coordinador estratega (Gonzalo) y el concejal de Siero (Josu). En la sede del PSOE, unos aplaudían y otros se reían.

Gijón

El PSOE no está para fiestas. Sucede en Asturias lo mismo que a nivel nacional: las encuestas muestran un cambio de mayorías. Esa es la única razón para que en Gijón hayan abierto hostilidades contra la alcaldesa, Carmen Moriyón, con Roqueñí como ariete, al frente de la Autoridad Portuaria. Quieren frustrar el proyecto más vistoso que puede ejecutar el Ayuntamiento antes de las elecciones: la recuperación de los terrenos por los que discurrirá el paseo litoral de Naval Azul.

Necesitan los votos de los gijoneses para retener el Gobierno regional. Hasta ahora solo se oponían a Moriyón, Monchu García y el grupo municipal socialista. El Principado trataba con guante de seda a la alcaldesa desde que anunció su vuelta a la política. Estrategia Soma: me alío con los rivales (Moriyón, Canteli) y así impido que crezcan las corrientes críticas de mi partido. Las encuestas obligan a cambiar de argumento: unidad socialista sin fisuras.