Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, hombre fuerte de Pedro Sánchez en la tarea de dirección del partido y mano derecha del líder socialista para negociar los pactos del Gobierno con los socios parlamentarios, ha sido enviado a la cárcel de Soto del Real al acabar el interrogatorio judicial. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció «alto riesgo de destrucción de pruebas», el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha declarado la prisión provisional sin fianza para Cerdán, imputado por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La petición de la Fiscalía y la decisión del magistrado instructor vinieron precedidas de una declaración rotunda de Cerdán en la que aseguró ser inocente, no haberse llevado ni un euro, ser víctima de una persecución política o no haber hecho pagos a José Luis Ábalos y a Koldo García (con la excepción de una entrega de 600 euros por deudas). Cerdán, o su abogado, había pedido que la declaración se retransmitiera en directo para que llegara, sin intermediarios, a todos los hogares. Imagino que los precedentes de José Luis Ábalos y Koldo García, que salieron del juzgado con unas medidas cautelares asumibles (retirada del pasaporte, prohibición de abandonar España y el compromiso de pasar cada quince días por el juzgado), le hacía pensar que recibiría el mismo trato, pero no fue así.

Conocido el encarcelamiento de Cerdán, Pedro Suárez ha declarado que «desde el punto de vista político, actuamos con contundencia (al forzar su dimisión) y ahora es el momento de la justicia». Ni el Gobierno ni el PSOE movieron un dedo hasta que se conocieron los audios de la trama. Cuando la opinión pública quedó traumatizada, salió Sánchez pidiendo perdón con el mismo gesto teatral con que anunció que durante cinco días se retiraba a meditar sobre si tenía sentido seguir de presidente. Luego, hizo una segunda comparecencia, donde le dio más estopa al Partido Popular que a Cerdán.

Cerdán fue el dirigente socialista más cercano a Pedro Sánchez; el confidente con quien pudo compartir los más insondables secretos. El interlocutor de Bildu para negociar la fase final del proceso de excarcelación de presos (un centenar); el socialista que pactó con Puigdemont la Ley de Amnistía. No puede pretender el presidente que decenas de millones de españoles vayan a creer que en la Moncloa no sabían nada de la trama de contratos a cambio de mordidas, a la que el juez instructor concede verosimilitud.

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