La huelga de jueces y fiscales tiene un gran seguimiento que se puede valorar en más de un 70%. Todo un éxito. Como se han encargado de explicar los portavoces de las cinco asociaciones profesionales convocantes del paro, lo que está en juego no es una subida de salarios, ni una mejora de las dotaciones humanas o materiales, ni cabe etiquetar la movilización de huelga política porque lo que reivindican es el mantenimiento de la independencia judicial. Las reformas que introduce la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, también llamada Ley Bolaños por ser el ministro quien la redactó, atacan el núcleo del acceso a las carreras fiscal y judicial al «inyectar en el sistema casi un millar de jueces y fiscales sin oposición», tal como señaló la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

¿Por qué es tan importante sustituir el método tradicional de las oposiciones por los cinco años de antigüedad y una entrevista? La cuestión de las oposiciones no está en la mayor o menor dificultad para superarlas; entiendo que haya gente que considere irracional la memorización de temas y códigos, pero el sistema actual reúne unas características que debe respetar cualquier reforma. Como bien han señalado los portavoces de la huelga deben mantenerse los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como la igualdad entre los opositores. Si todo el Derecho continental está vertebrado por la búsqueda de la objetividad –los jueces aplican leyes– frente al carácter más interpretativo de otros sistemas judiciales, no es de recibo que el acceso a las carreras judicial y fiscal orille la objetividad, sustituyéndola por la valoración de la experiencia y las habilidades mostradas en entrevistas. Si se reducen los juicios de valor, como ocurre con el actual modelo, y se objetiva el acceso a la función jurisdiccional, resulta que los jueces tienen independencia para instruir sumarios y redactar sentencias. Esta es la clave de la controversia. El Gobierno busca vías novedosas para aumentar su influencia en la Justicia.

La ley versa sobre «medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia». Como bien sabe Bolaños, la eficiencia lleva de la mano la reducción de costes. De ahí los procedimientos directos, flexibles, a los que deben recurrir los ciudadanos antes de acudir a la vía judicial. Una cara visible, centrada en el servicio, y otra oculta, la pérdida de la independencia. O lo que es lo mismo, de la Justicia como poder del Estado.