El lunes quedará aprobada en la comisión bilateral, Generalitat-Estado, la soberanía fiscal catalana. ERC puso como condición para investir de honorable a Salvador Illa que todos los impuestos del Estado en esa región pasaran a manos de la Generalitat. Exigen constituir una Agencia Tributaria catalana, totalmente independiente de la Agencia Tributaria española. Pedro Sánchez no puso obstáculos a los deseos de los independentistas y dentro de unos meses empezará la soberanía fiscal catalana por la parte mollar de los tributos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A continuación, se apoderarán del IVA de las pymes que representa el 25% del sector en España.

Una vez que se firme el acuerdo, la financiación singular se registrará en el Congreso de los Diputados bajo el formato de proposición de ley. Un asunto tan importante, que puede hacer quebrar el sistema de financiación autonómica, haciendo más pobres a los pobres, llegará al Parlamento sin haber sido sometido a debates, ni mesas redondas, ni ponencias. El pasado sábado se reunió el Comité Federal del PSOE; Pedro Sánchez hizo una larga intervención, con la prostitución como punto de referencia, pero no dedicó ni una palabra a explicar el pacto de la soberanía fiscal catalana. Los socialistas asturianos del Comité Federal, como los de otras regiones, no dijeron ni una palabra para no molestar al jefe. La Ley de Amnistía les adiestró en la práctica del faquir. Ni ruegos ni preguntas: a tragar sables.

Sánchez dio el visto bueno a introducir la ordinalidad en el sistema de financiación. La ordinalidad conlleva que después de distribuir los recursos, las comunidades más ricas sigan teniendo una financiación por habitante superior a las pobres. La Generalitat no necesita esa cautela, pero si un día hay que financiar fondos de solidaridad, la ordinalidad atenúa el trasvase de dinero. Al gestionar el IRPF y el IVA de las pymes, en 2026, la Generalitat se encontrará con 14.000 millones de euros más que en anteriores ejercicios. Parte de ese dinero iba antes hacia Asturias, Extremadura, Galicia o Andalucía, pero a partir del año que viene se quedará en las ramblas.

En los informativos repetían unas palabras de Guillermo Peláez, portavoz del Principado: «Y sobre todo lo que no admitiremos es ningún perjuicio a Asturias». Qué sutil la declaración. Así que, si logramos un apaño, por aquello de la solidaridad socialista, lo de la bilateralidad y la soberanía fiscal no pasará de ser letra pequeña.