Dejando a un lado los escándalos de la corrupción y otras bajas pasiones, el asunto político del verano es el privilegio fiscal de Cataluña que origina todo tipo de comentarios por la afrenta que supone para el resto de comunidades autónomas y el peligro que representa para la estabilidad económica del Estado.

Desde el 14 de julio en que se firmó el acuerdo de la financiación singular de Cataluña en la comisión bilateral, Estado-Generalitat, las críticas sobre la transferencia de impuestos para Cataluña, la transformación de la Agencia Tributaria en un instrumento para la soberanía fiscal catalana, etc., han dominado en el debate político y en los titulares de los medios. Constituyendo esos elementos el centro de la cuestión, quisiera mencionar algunas referencias y afirmaciones que contiene el texto del pacto que han quedado en un segundo plano.

Antecedentes
Para entender la predominancia que tienen en el acuerdo bilateral los intereses de la Generalitat sobre los del Estado, hay que recordar, aunque sea de forma muy sucinta, lo ocurrido en las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno. En el otoño de 2023, Junts llegó a un acuerdo con el PSOE que tenía entre otras exigencias dotarse de un «mecanismo internacional» para verificar el proceso de negociación. Las tan traídas y llevadas negociaciones de Suiza con Santos Cerdán como principal interlocutor de Puigdemont. El objetivo prioritario era la aprobación de la Ley de Amnistía. En esas mismas fechas, ERC llegaba a una entente con el PSOE, con el compromiso de aprobar la Ley de Amnistía, traspasar a la Generalitat las Rodalies (trenes de cercanías) y condonar más de 14.000 millones de la deuda autonómica. Desde entonces, la Generalitat manda y el Estado ejecuta.

En el acuerdo de la financiación singular se afirma que Cataluña siempre asumió más competencias, siendo ese un «hecho diferencial» con efectos políticos y económicos.

Vamos a ver. De una cierta envergadura, la competencia distinta asumida por la Generalitat es la Policía Autonómica. Nadie le obligaba. En general, las competencias asumidas por las distintas comunidades son semejantes. Ahora bien, lo llamativo es que lo consideren un rasgo diferencial del territorio como la pobreza, inmigración, orografía, etc. Además, orgullosos de su autogobierno, aprecian en él elementos de singularidad dignos de un tratamiento bilateral. Es decir, que, a cuenta del autogobierno, Cataluña entra el debate de la soberanía fiscal con hechos diferenciales, singularidades y bilateralidad.

Ordinalidad
En otro apartado del texto se recuerda que la Generalitat pagará una cantidad al Estado por los servicios que presta en esa comunidad autónoma, al igual que contribuirá de forma solidaria al bienestar de los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Toda esa relación de actuaciones generosas termina con una referencia egoísta imposible de ignorar: «La aportación (de la Generalitat) debe ser calculada con criterios objetivos para que no se desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final».

Es decir, si se ordenan las regiones por su aportación por habitante al sistema de financiación, una vez aplicados los fondos de solidaridad, el orden debe mantenerse. En pocas palabras, las comunidades que más contribuyan «per cápita» al sistema deben ser también las que más reciban del mismo. El principio de ordinalidad, presente en los ordenamientos de Alemania o Canadá, no rige en el sistema de financiación autonómica del régimen común. Aplicarlo beneficiaría a comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares y perjudicaría sensiblemente a Asturias, Extremadura o Castilla y León. En el texto, la Generalitat lo introduce como si fuese un hecho consumado, cuando nunca se discutió en las instituciones.

Entre los acuerdos se cita «la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja». Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Generalitat y Gobierno anuncian que aprobarán medidas para impedir la bajada de impuestos. Hay que tener cara de cemento para condenar la bajada de impuestos, cuando Salvador Illa acometió una importante rebaja de tributos, tras haber sido premiada Cataluña con una importante quita de deuda por no haberlos bajado. Junto con Andalucía fue la región más beneficiada con la reducción de deuda. Al margen de los tratos de favor a Cataluña, hay que recordar que los gobiernos autonómicos disponen de autonomía fiscal y pueden bajar o subir impuestos sin interferencias del Gobierno central.

Aspiraciones
En el acuerdo, la Administración General del Estado considera que las «aspiraciones de Cataluña de atención a su singularidad (¿cuál es?) para mejorar la financiación, con un mayor espacio para la bilateralidad, es compatible con una reforma general del sistema de financiación de las comunidades autónomas que garantice su suficiencia, con nuevas reglas comunes que den coherencia al sistema, conciliables con las singularidades de todos los territorios y el reconocimiento de la multilateralidad sin perjuicio de la bilateralidad».

En definitiva, el Gobierno de Sánchez se apunta a todo: singularidad, suficiencia, reforma del sistema, multilateralidad y bilateralidad. Es difícil encontrar un texto tan demagógico con la firma del Estado.