Las informaciones sobre la actividad del grupo empresarial, liderado por Jesús Manuel Rodríguez Morán, en la mina de Cerredo exigen que los miembros de la comisión que investiga la tragedia del pasado 31 de marzo se tomen muy en serio la tarea. Podrá parecer que la petición no tiene sentido, ya que en todas las comisiones de investigación el trabajo parlamentario debe ser riguroso, pero en este caso los precedentes no son muy halagüeños. Los grupos de izquierda, que tienen el control de la comisión, no vieron con buenos ojos que se constituyera, llegando en el caso de IU a rechazarla porque entendían que solo iba a servir para desacreditar y erosionar al Gobierno de coalición. Así estaban las cosas cuando llegó Vox para echar una mano a la izquierda, advirtiendo de que no consentiría que la presidiera Covadonga Tomé. La intervención de Vox sirvió para que la izquierda controle la comisión.

De la información que se publica en estas páginas se deduce que la actuación de algún funcionario del Principado fue clave para que las empresas de Jesús Manuel Rodríguez Morán pudieran seguir trabajando en el interior de la mina a las tres semanas de haberse descubierto que había una explotación ilegal oculta. El mismo funcionario que concedió permiso para continuar operando, le dijo a CC OO y UGT que la obra estaba paralizada. Estamos hablando de la mina donde los inspectores del Principado, en sucesivas visitas, no vieron nada anómalo. Es decir, no se enteraron de que se extraía carbón, actividad para la que no tenía licencia en Cerredo ninguna empresa de Manuel Rodríguez Morán. Descubre el servicio de Minas que hay una explotación oculta, unos días más tarde se concede permiso para reanudar teóricas tareas de mantenimiento y nadie en el Principado cae en la cuenta de que unos meses antes murió un trabajador y otro rompió una pierna cuando descendían por el interior de la mina subidos a un vehículo Dumper que transportaba todos los días toneladas de carbón. A mayor abundamiento, el trabajador herido y su mujer declararon que se extraía carbón ilegalmente desde hacía meses. La responsabilidad o culpa por el accidente mortal sólo supuso a la empresa un desembolso de 12.000 euros.

Las dudas sobre la actuación de la empresa y la gestión del Principado son abrumadoras. Esperemos que los comisionados, empezando por Covadonga Tomé que preside la comisión, «vayan hasta el final» (expresión repetida por Adrián Barbón). El empresario dijo que tenía «contacto con Medio Ambiente». Pues eso.