Constructores, promotores y los partidos de la oposición critican sin miramientos el proyecto de la Ley de Vivienda del Principado, presentada por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. Los representantes del sector denuncian que la norma apuesta por las restricciones, sanciones o prohibiciones, «pero no tiene ni una sola medida que permita construir vivienda protegida». Los promotores afirman que «no hay ayudas para el comprador ni para el promotor», y señalan un punto concreto que es crítico para el relanzamiento de la oferta de vivienda: no se actualiza el módulo que sigue muy por debajo de los costes de construcción. Un problema que se ha agudizado estos años es la tortuosa tramitación urbanística; los agentes del sector advierten que la ley no la agiliza, haciéndose cada vez más penoso el paso de un proyecto desde que queda registrado en la Administración hasta que resulta legalizado. Las empresas promotoras y constructoras declaran con rotundidad que no se puede exigir al sector que construya vivienda asequible sin condiciones para hacerlo. Una afirmación que enlazan con otra: sin rentabilidad no habrá vivienda.

Ya comentamos que el proyecto de ley tiene el sello indeleble de IU. El papel de lo público alcanza cotas máximas en la norma, convencidos como están de que la iniciativa pública, y solo ella, puede resolver la grave crisis de vivienda que afecta a Asturias y a toda España. Las menciones a la colaboración público-privada tienen un carácter más formal que real, como se puede ver en el objetivo central de la ley: ampliar el parque de vivienda social; es una medida acertada y necesaria para paliar los aspectos más dolorosos de la falta de vivienda para personas con carencia total de recursos, pero que nunca servirá para resolver el desfase entre demanda y oferta porque las administraciones no tienen capacidad financiera ni solvencia gestora para construir en un lapso razonable de tiempo cientos de miles de viviendas. Basta ver lo que ha ocurrido con todos los anuncios hechos por Pedro Sánchez en esta materia.

Puesto a elegir un modelo, a los impulsores de la norma lo que más les convence es que los ciudadanos sean arrendatarios, no propietarios. Que el Estado o el Principado sea el gran tenedor y el público se sienta beneficiado por tanta sensibilidad social. Al responsable de vivienda del PSOE, Tino Vaquero, la ley le parece ambiciosa para dar soluciones efectivas. Pues a mandar.