El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha presentado, con miembros de su equipo, las líneas generales de la nueva Ley de Vivienda que espera quede aprobada en el primer semestre del próximo año. Los redactores del proyecto se sienten orgullosos del mismo, porque no es una copia de las leyes que hay en vigor en otras comunidades autónomas. En efecto, no es preciso hilar muy fino para percatarse de que el proyecto tiene el sello indeleble de IU.

El objetivo principal que pretende el socio minoritario del Gobierno, en materia de vivienda, es conseguir que haya un parque público de viviendas de dimensiones destacadas. En este momento hay 9.700 y 600 en construcción. Zapico aspira a que se alcance la cifra de las 10.000 en esta legislatura. Un objetivo modesto, pero realista. En su día, en Asturias hubo 33.000 viviendas de protección pública. IU quiere evitar que las viviendas protegidas acaben en el mercado (por esa vía se perdieron 23.000), para ello en la ley constará que esas viviendas nunca perderán su carácter de protegidas. A ello se suma que las viviendas de promoción privada que se construyan tras la aprobación de la norma también serán de protección de forma vitalicia. Este es el núcleo de la próxima Ley de Vivienda del Principado.

Aumentar el parque de vivienda protegida es un objetivo sensato. En la mayoría de los países europeos hay muchas más viviendas sociales. En Francia y Reino Unido hay 4,6 millones de viviendas protegidas. En Países Bajos, dos millones. En Alemania, 1,4 millones. En el conjunto de las comunidades autónomas la cifra queda por debajo de las 300.000. El Banco de España señalaba en un informe que se necesitaban 1,5 millones de viviendas de alquiler social para igualar la media europea. Ahora bien, esperar a que las administraciones públicas construyan millón y medio de viviendas es lo mismo que abandonar a su suerte a millones de personas.

En Asturias hay 670.000 viviendas, de todos los tipos. Imaginemos que el Principado construya en el próximo mandato 5.000 viviendas de protección. Seguro que con ellas podrá paliar muchas necesidades, pero seguirá habiendo decenas de miles de personas, o más, sin acceso a la vivienda. La vivienda social es el componente más sensible del problema de la vivienda, pero la actual crisis de oferta requiere de una respuesta más amplia y compleja, que desborda el formato de la ley. El actual desajuste del mercado no se soluciona por la vía coercitiva.