La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pasado por la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En su visita ha dejado dos mensajes, uno sobre las pensiones y el otro sobre el cumplimiento de la obligación de dar asilo a los menores de edad extranjeros que llegan a España. En los dos asuntos, de naturaleza dispar, la ministra transmitió tranquilidad. Todo está encauzado. Los peligros del ‘default’ en la Seguridad Social y de la incapacidad de integrar a los menores inmigrantes han quedado conjurados.

De forma rotunda Saiz ha declarado que «el sistema de pensiones en España está garantizado, es sostenible». No hay un experto independiente en Seguridad Social que respalde esa valoración. Al contrario, en los últimos años, con el aumento de los pensionistas y el crecimiento espectacular de las pensiones (muy por encima de los salarios), la solidez del sistema está en entredicho. No habría nada que temer si las pensiones se financiaran con las cotizaciones sociales, pero no es el caso. Ejercicio tras ejercicio crece la aportación del Estado para pagar la factura de las pensiones. El año pasado se elevó la aportación de los presupuestos del Estado en más de 41.000 millones para financiar las pensiones contributivas, lo que supuso un incremento del 7% sobre las previsiones iniciales. En 2024, la Seguridad Social ingresó 176.047 millones y gastó, por todos los conceptos, 242.253 millones. En definitiva, tuvo un déficit de 66.000 millones que se enjugó, sobre todo, con 54.005 millones aportados por el Gobierno, gracias a los impuestos que pagamos todos y al incremento de la deuda, que no pasa de ser una forma de diferir los pagos, con penalización financiera. No es cierto que el sistema de pensiones sea sostenible. Al contrario, en la próxima legislatura, con independencia del partido que gobierne, se introducirán reformas. Un pilar del Estado, como es la prestación de las pensiones, que se lleva el 40% del presupuesto público, no puede tener un déficit crónico.

Sobre los inmigrantes menores de edad que están en centros de Canarias, Ceuta y Melilla, la ministra considera que con la reforma de la Ley de Extranjería se soluciona el problema. Elma Saiz advirtió que «no vamos a aceptar insumisiones» (con Ayuso en la mente). Habló de la «solidaridad obligatoria», pero Cataluña y el País Vasco quedan fuera del reparto de menores. No van a acoger ni a un solo niño. No se puede pedir solidaridad y, a la vez, conceder privilegios.