En la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) que causó cinco muertos, José Manuel Carral, agente de Medio Natural, hizo unas declaraciones esclarecedoras sobre el trabajo que realizaba la empresa Blue Solving en el interior de la mina. Carral afirmó que no sabría distinguir si estaban extrayendo carbón o chatarra, «porque lo que vi allí era lo mismo que cuando funcionaba la mina». Este es un punto fundamental, ya que cuando las empresas de Jesús Rodríguez entraron a operar en Cerredo había expirado el plazo de extraer carbón. La Comisión Europea había fijado 2018, como fecha límite. El Principado había dado licencia a la empresa para recuperar material abandonado en el interior de la mina, como chatarra; posteriormente también obtuvo Blue Solving un permiso de investigación complementaria sobre el carbón de la explotación, con derecho a extraer 60.000 toneladas de carbón en dos años para analizarlas. En ningún caso podía la empresa realizar el cometido que había sido habitual en Cerredo, de sacar carbón de la mina para venderlo.
El testimonio de Carral pone a los responsables de Blue Solving en una situación muy difícil. El agente de Medio Natural dejó otras frases contundentes para que consten en las actas de la comisión: «todo el mundo sabía que estaban sacando carbón». Un asunto curioso, las gentes del lugar sabían que la explotación minera se había reabierto, pero en el Principado ignoraban que ocurriese tamaña ilegalidad; los inspectores enviados desde la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación no fueron capaces de constatar la anomalía. José Manuel Carral explicó que tuvo ocasión de preguntar a Jesús Rodríguez sobre lo estaba haciendo en Cerredo y la contestación fue de las que no se olvidan, «somos todos paisanos y con voluntad todo se arregla». ¿Con voluntad o con otra cosa? Carral también recordó otra información que le suministró Rodríguez, «tengo contactos a alto nivel en Medio Ambiente». ¿A qué nivel? ¿A la altura del titular de la Consejería o del director general? ¿Insinúa el empresario que podía blanquear las ilegalidades que presuntamente cometía la empresa?
Para acabar de poner las cosas de color negro, las actas que firmaba el agente de Medio Natural no tenían ninguna repercusión. El 23 de abril de 2022 (antes del primer accidente que supuso la muerte de un trabajador), Carral hizo saber que «hay trabajos en la zona de la concesión minera caducada». La denuncia quedó sin respuesta.