El Principado aceptó la oferta del Ministerio de Hacienda de reducir la deuda en 1.508 millones de euros, lo que supone una rebaja en el endeudamiento de la comunidad autónoma del 36%. Al bajar la deuda, bajan los intereses, produciéndose un ahorro de 30 millones. Sobre el uso que haga el Gobierno regional de ese dinero hay más de una opinión.

Una operación tan extraordinaria como la de la quita de la deuda autonómica, con un trasvase de 83.252 millones del pasivo de las comunidades al del Estado, es, en sí mismo, el gran asunto a debatir. Desde el Gobierno se vende la quita como un alivio para las regiones, lo que es cierto, pero no para los ciudadanos, que somos los que pagamos todas las deudas de las administraciones públicas. Puede estar contento el presidente y los consejeros del Principado con la quita (siempre que no caigan en la tentación de comparar la rebaja asturiana con la catalana), pero a los asturianos no nos supone un alivio. Tendremos que seguir amortizando, con el conjunto de los contribuyentes españoles, los 83.252 millones. No está la Hacienda estatal libre de ese tipo de cargas, ya que la deuda del Estado aumentó en 50.000 millones desde enero de 2024 a enero de 2025. Si a ello sumamos que este año los intereses alcanzarán los 41.726 millones (2.740 millones más que en el anterior ejercicio) entenderemos por qué la deuda es la tercera partida en los Presupuestos Generales del Estado, tras las pensiones y las transferencias a otras administraciones públicas (Seguridad Social, financiación autonómica). Vayamos con el destino que va a dar el Principado a los 30 millones ahorrados.

Adrián Barbón quiere dedicar ese dinero a la sanidad, educación, cuidado de mayores y gestión de emergencias. La vicepresidenta, María Jesús Montero, animó a los presidentes autonómicos a incrementar el gasto con el ahorro de los intereses. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no puede darse ese destino a los 30 millones, porque lo impide la regla de gasto. En los dos últimos años incumplimos la regla y el Principado no introdujo medidas para corregir la desviación (en 2025 el gasto se va a elevar un 4,9%, cuando solo nos está permitido un 3,2%).

Una última cuestión para acabar. Qué irresponsabilidad la de Montero, ministra de Hacienda, animando a las autonomías a gastar por encima de sus posibilidades para que en pocos años tengan tanta deuda como la que ahora les perdona el Estado. Aquí y ahora, gobernar es sinónimo de electoralismo barato.