En todas las grandes calamidades, con independencia de su naturaleza, llega un momento en que las autoridades del lugar hablan de solicitar la declaración de zona catastrófica al Estado. La actual racha de fuegos que afecta, sobre todo, a Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, no es una excepción. Los presidentes autonómicos de esos territorios ya anuncian sus peticiones, pero poco se sabe del resultado de las solicitudes presentadas en el pasado. La Administración abre un expediente y somete la petición a un examen detallado, siguiendo los requisitos que hacen de la burocracia un obstáculo, en vez de una ayuda para el ciudadano y la sociedad. Al final, el resultado puede ser disparatado, pero tendrá apariencia de objetivo. Hace dos años y medio ardieron en Asturias 33.000 hectáreas, el 3% del territorio. Las llamas calcinaron todo tipo de bienes necesarios para vivir en el medio rural; los moradores eran merecedores de la ayuda del Estado. El presidente Barbón pidió la declaración de zona catastrófica y, al final, el Estado concedió 172.000 euros, una cuantía más o menos semejante a lo que vale un piso en la zona rural.

Estando así las cosas, ciudadanos, alcaldes y presidentes autonómicos piensan que sólo se puede contar con las propias fuerzas. En el presupuesto del Principado de este año hay 95 millones reservados para prevención y gestión de incendios. No es una cantidad menor, pero para 2026 Barbón piensa aumentarla, aportando recursos al Fondo de Cooperación Municipal para que los ayuntamientos puedan tomar más medidas de defensa ante el fuego. Los ganaderos también solicitan ayudas y el Principado pide tiempo para valorar daños. En Castilla-León, Mañueco da 500 euros a las familias evacuadas y hasta 180.000 por casa destruida, dentro de un plan dotado con cien millones. No sé si es mucho o poco, pero habla claro. El presidente de Castilla y León se compromete con unas cifras concretas.

Lo racional sería que el Gobierno central, ante un desastre tan grande, encabezara las iniciativas que palíen los daños. Pedro Sánchez, en su primera toma de contacto con el drama, dijo que se daría a las comunidades lo que pidieran y un día después los ministros advirtieron de que ya se había aportado todo. La contradicción entre el jefe y su equipo resta credibilidad al discurso oficial. Margarita Robles, fiel al argumentario, asegura que todas las unidades útiles del Ejército están luchando contra los incendios. Por eso la gente grita: «El pueblo salva al pueblo».