Con motivo de la aprobación del Real Decreto que distribuye a los inmigrantes menores de edad no acompañados entre las comunidades autónomas, el presidente del Principado realizó una serie de consideraciones, que empezaron por subrayar la dimensión humanitaria que supone la acogida de menores. Puso como ejemplo la emigración asturiana a América en la que participaban menores de edad: «¿Cómo nos sentiríamos si nuestros ancestros hubieran sido recibidos a pedradas, o intentaran internarlos, o devolverlos a no sé dónde?» No hubiéramos aprobado nunca una actitud así con nuestros antecesores. La cuestión del menor no acompañado que ha solicitado asilo es muy especial por su absoluta indefensión. Hay 4.000 menores en esa situación en Canarias, Ceuta y Melilla y el Tribunal Supremo ha mandado al Gobierno a acoger a mil de los que están en Canarias al no poder la comunidad autónoma hacerse cargo de todos ellos. No se trata de discutir sobre la llegada de inmigrantes en cayucos, en términos generales, sino del caso concreto de los menores de edad.

Adrián Barbón hizo otras valoraciones sobre el papel de la inmigración estos años en Asturias. El presidente del Gobierno recordó que sin migrantes el declive demográfico habría aumentado, se crearía menos empleo y el relevo laboral en muchos sectores productivos no se produciría, aumentando los cierres empresariales. Puede haber gente a la que no le guste este tipo de comentarios, pero son ciertos. Hoy por hoy, a pesar de los problemas que conlleve la incorporación de inmigrantes a nuestra sociedad, es muy superior el beneficio al coste. La afirmación sirve para Asturias, España, Alemania, Italia o Bélgica.

Vuelvo con los menores. Estando plenamente de acuerdo en el fondo de la cuestión, creo que el Gobierno de España ha vuelto a hacer las cosas mal. La distribución de los menores por regiones la pactó el Gobierno con Junts (partido que roza el racismo y no quiere inmigrantes en Cataluña porque «descatalanizan» el territorio). El reparto lo hizo aplicando un baremo acordado con Junts, que caprichosamente fija la importancia del tamaño de la población, renta per cápita, paro y el «esfuerzo previo de acogida» de las comunidades autónomas que tiene, curiosamente, como resultado final que todas las regiones asuman inmigrantes (Asturias, 331), menos Cataluña y el País Vasco. Un truco similar al aplicado con la quita de la deuda. El Gobierno inventa unas reglas para favorecer a sus socios soberanistas y las convierte en ley.