La prolongación del peaje del Huerna en la autopista (AP- 66), por tres décadas, sólo tiene parangón, en la red de transportes, en el peaje de la (AP-9) entre Ferrol y Tui. Dos vías construidas en la misma época que el Gobierno de Aznar, sin ninguna justificación, alargó la concesión. Los gobiernos de Zapatero y Rajoy tenían suficiente base parlamentaria para desoír la queja de asturianos y gallegos. Además, la cuestión no estaba candente porque faltaban varios años para la entrada en vigor de la prórroga hasta 2050. Con la llegada de Pedro Sánchez al poder la situación cambió. Los nacionalistas gallegos exigieron el rescate del peaje de la AP-9 y su exigencia derivó en una dulcificación del mismo. El Principado intentó un acuerdo parecido pero el Gobierno no estuvo por la labor.

En el presente, el Gobierno regional trata de aprovechar el ultimátum lanzado por Bruselas exigiendo al Gobierno que en un plazo máximo de dos meses adopte las medidas necesarias para «reponer la legalidad». De no ser atendida su petición, la Comisión Europea podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La actitud beligerante de Bruselas es el resultado de haber analizado el contrato que concede a Aucalsa (empresa concesionaria del peaje) el derecho a cobrar por transitar por la AP-66. En Bruselas concluyeron que era ilegal. A su entender se infringieron directivas europeas, ampliando el plazo de la concesión y, posteriormente, privatizando la concesión.

En Asturias hay una sorprendente unanimidad de partidos, sindicatos y asociaciones empresariales en torno a la supresión de la tasa, con independencia de su ideología. Están a favor de que el Ministerio de Transportes rescate el peaje, pero el ministro Óscar Puente y su equipo van a utilizar todos los medios que estén a su alcance para seguir cobrando la tasa hasta 2050. No aceptan el rescate ni negociar con Bruselas y Aucalsa una reducción del plazo (menos de 30 años); dan por buena (legal) la operación de ampliación y punto.

El Principado considera que estamos ante una ocasión histórica y, en consecuencia, va a ponerse del lado de la Comisión Europea en el litigio. Es curioso ver a Puente defendiendo el trabajo realizado por el Gobierno de Aznar, con el añadido de asegurar que lo hace para defender los intereses generales. Son tan generales que no los apoya ningún partido asturiano. De la cúpula del Ministerio de Transportes no nos sorprende nada después del timo del viaducto de Jove. Empatizan mucho con los asturianos.