Cuando se supo que la Comisión Europea consideraba contrario a norma la ampliación del peaje del Huerna hasta 2050 y que conminaba al Ministerio de Transportes a tomar medidas para restablecer la legalidad, en el Gobierno de coalición de la izquierda, que está al frente de los destinos de la región, se pusieron muy contentos y se ofrecieron a aportar documentación a la Comisión Europea y, también, al Ministerio de Transportes. Hasta ahí, todo normal. La cuestión dio un cambio cualitativo cuando desde el citado ministerio se negaron a validar el criterio de Bruselas y anunciaron una batalla jurídica para que nadie altere lo aprobado por el Gobierno de Aznar: permitir a la empresa Aucalsa que siga cobrando el peaje. En los años que restan de prórroga de la tasa, la empresa recaudará 1.905 millones que serán abonados, mayoritariamente, por asturianos y castellano-leoneses. Una inesperada millonada que Óscar Puente quiere que aportemos a la empresa. Sería impensable que en el País Vasco o Cataluña se mantuviera activo un peaje que las instituciones europeas califican de ilegal.

El Principado, tan solícito para aportar documentación, no ha hecho ni la más leve crítica sobre el proceder del Ministerio de Transportes. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, propone como forma de lucha para lograr que se acabe con el «agravio histórico» de la AP-66, trasladar el expediente a la Alianza por las Infraestructuras, que reúne en su seno a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, etcétera. La idea sería formar un frente político social que lideraría el Principado.

La Alianza por las Infraestructuras, constituida en 2017, apenas ha dado frutos. No obstante, puede ser un organismo válido para convocar movilizaciones contra el intento de mantener el peaje del Huerna otros veinticinco años.

Ahora bien, el Gobierno no puede pretender esconderse detrás de ese foro lleno de siglas (creo que lo forman 26 entes asociados) porque tiene una responsabilidad directa en la cuestión. En ninguna comunidad autónoma el gobierno de turno podría pasarle la patata caliente a un colectivo de organizaciones cuando hay un problema importante que solucionar. El Principado debe elegir entre ser cómplice del Ministerio de Transportes o enfrentarse al intento de dañar a Asturias con una carga financiera de 130.000 euros al día. Cada diez días, casi millón y medio salen de nuestros bolsillos. Un abuso en toda regla. En unas semanas pasamos de la quita de la deuda a validar el peaje.