La relación de los gobiernos autonómicos con el Gobierno central es compleja, sobre todo cuando son del mismo signo ideológico. Si son de ideologías opuestas (PSOE y PP), la doctrina actual se resume en la máxima de Bilardo: «al enemigo ni agua». Hace veinte o treinta años, cuando se podía hacer política convencional, cabía llegar a acuerdos, ahora no. Voy a precisar. Antaño, el presidente del Gobierno pactaba con el líder de una determinada comunidad autónoma gobernada por el partido rival si de esa forma metía cizaña en casa ajena. Ejemplo, los acuerdos de Felipe González con Manuel Fraga, en su versión de presidente de la Xunta, oscurecían la figura de José María Aznar, incipiente líder de la oposición parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Cuando hay sintonía ideológica entre el Gobierno central y el autonómico no todo son ventajas para este último. En Asturias, los socialistas conocen bien ese rol. Hagamos un repaso de la cohabitación de Adrián Barbón con Pedro Sánchez en el poder.

Lobo
Barbón repitió muchas veces que no le temblaría el pulso si tenía que discrepar del Gobierno central por defender a Asturias. Típica declaración de intenciones de difícil cumplimiento. Quizás en el asunto que mantuvo el presidente del Principado una línea más firme frente al Gobierno de Sánchez fue en la política del lobo. El cánido, elevado al estatus de especie especialmente protegida por el fundamentalismo de aquella ministra llamada Teresa Ribera, no fue respaldado por el Principado, que siempre creyó en la estrategia de las matanzas controladas. En otras cuestiones, el Principado fue más dúctil ante la política del Gobierno, cuando no abiertamente entregado a la misma.

En el primer mandato de Barbón, el test de la resistencia ante las disposiciones del Gobierno estuvo en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Alcoa había cerrado la planta de Avilés (la empresa que más energía consumía de España) y el resto de empresas electrointensivas tenían puestas muchas esperanzas en el nuevo sistema de ayudas del Gobierno.

La ministra Ribera inventó que había en España 612 empresas de alto consumo energético –con consumir un gigavatio-hora (GWh) ya se adquiría la condición de electrointensivo–. El exceso de empresas hizo que, por ejemplo, la subasta de la interrumpibilidad (compensación a las empresas por desconectarse de la red en momentos de gran consumo eléctrico) las compensaciones fueran ridículas. El sistema benefició sobre todo a empresas catalanas. El Principado jugó un papel muy moderado en la defensa de la gran industria.

Trenes
Sobre los raíles del ferrocarril se hizo mucha política en los últimos años. Los asturianos fuimos víctimas del timo de los trenes que no cabían por los túneles. Escándalo nacional. Barbón hizo tándem con Revilla. El presidente cántabro asumió el papel de negociador exigente con la ministra, Raquel Sánchez, que le tocaba dimitir, pero siguió en el puesto hasta que la mandaron a presidir la red de Paradores. El dúo asturcántabro logró que el servicio de Cercanías fuera gratuito y aceptó la promesa de enmendar el desastre en poco tiempo. Barbón asistió a la original ceremonia del primer corte de chapa.

Se descarta que los nuevos trenes entren en servicio en 2026, el plazo fijado inicialmente. Renfe no se compromete con ninguna fecha, se limita a decir que entrarán en servicio «tan pronto como sea posible». No consta que el Principado haya emitido una queja.

El Plan de Cercanías (2017-2025) se puede resumir en un titular de EL COMERCIO del 17 de octubre de 2022: «Transportes necesitará de 40 años para completar el Plan de Cercanías al ritmo de inversión actual». Alejandro Calvo calla.

Vamos con un tema de gran actualidad, el peaje del Huerna. El Principado negoció el sistema de subvenciones con el Ministerio de Transportes; el resultado es desalentador: el 80% de la subvención estatal para rebajar el peaje no se gasta. Sin embargo, en la vía gemela, la AP-9 de Ferrol a Tui, con un volumen de subvención muy superior, el 40% quedó consumido en el primer semestre. La oferta de bonificaciones del peaje del Huerna no contempla la casuística de la mayoría de los usuarios. El Ministerio de Transportes está encantado.

Jove
La batalla del vial de Jove fue la última que libró el Principado con el Gobierno central. En la primavera de 2024 el Ministerio de Transportes vio que la construcción del vial era muy cara (285 millones para dos kilómetros de túnel) y se echó para atrás. El Ayuntamiento de Gijón y los vecinos se pusieron en pie de guerra y Barbón les apoyó como nunca había hecho con otra causa: «tras escuchar a los gijoneses la posición de Asturias es clara, no nos vale el vial en superficie», «defender el vial de Jove que piden los vecinos es defender Asturias». Pues bien, ni en superficie ni subterráneo. Vuelven los accesos de El Musel a la casilla de salida.

Cambios
Desde entonces, el Principado pisa por donde pasa el Gobierno. No se separó un ápice de la Moncloa cuando el Gobierno pactó con ERC la soberanía fiscal de Cataluña, que tanto perjudica a los asturianos. Ni en la quita de deuda autonómica, que beneficia a las comunidades más derrochadoras, como Cataluña, en detrimento de las que tienen una menor deuda, como Asturias. Definitivamente, cambió la estrategia del Principado. No hay duda. Hablando de cambios, en julio de 2024 hubo un cambio de titular en la Delegación del Gobierno.