Una vez que la Comisión Europea dictaminó que la prolongación del peaje del Huerna es ilegal, va a resultar imposible mantener la tasa de la AP-66 durante veinticinco años más. Si fuera un contencioso entre administraciones las quejas se apagarían con el paso del tiempo, pero el pago por circular por una autopista es algo que experimentan miles de personas todos los días y la ciudadanía (como le gusta decir a Pedro Sánchez) no va a quedar cruzada de brazos siendo víctima de una ilegalidad. Una vez que habló Bruselas, el mantenimiento del peaje es un abuso que originará todo tipo de protestas.

Es un secreto a voces que la prórroga del peaje se hizo para financiar el nuevo acceso a Ferrol. Este periódico lo publicó en su día. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) controlaba la AP-66 asturleonesa y la AP-9 (Ferrol-Tui). El acceso a Ferrol costaba 25.000 millones de pesetas. De alguna manera había que generar nuevos ingresos para financiar las obras. Todo eso fue hace más de veinticinco años. Ahora habría que preguntarse por los proyectos que quiere financiar el actual Ministerio de Transportes a costa del dinero de asturianos y leoneses. La estrategia de esperar a lo que resulte de un proceso en los tribunales es ya conocida por todos: patada ‘p’alante’ y a correr detrás del balón. A los actuales directivos del Ministerio de Transporte no les importa lo que suceda después de dejar los cargos. Sólo están pendientes de los proyectos que ellos gestionan. Un asunto como el peaje del Huerna, que ya daban todos por finiquitado, les puede complicar la financiación de las inversiones que tienen comprometidas. Se rechaza el dictamen y a otra cosa mariposa.

Los más perjudicados por el peaje son los primeros en protestar. Los empresarios ya están valorando (se están realizando reuniones) una reclamación patrimonial contra el Estado. Se haría la petición por vía administrativa al Consejo de Ministros y, en caso de rechazo o de silencio, irían al Tribunal Supremo. El camino de la justicia es necesario para dirimir cualquier contencioso, pero en casos como este, con un fondo político tan evidente (Gobierno socialista asumiendo la legalidad de lo realizado por el Gobierno de Aznar) y que afectan a regiones enteras, es precisa la movilización del personal. En el momento que sientan la crítica de la opinión pública empezarán a sopesar el efecto de la misma en las urnas. A veinte meses de los comicios tendrán que valorar si mantener la tasa del Huerna compensa pagar un peaje electoral alto.