Una vez analizado el debate sobre el estado de la región, quiero abordar algunos aspectos concretos que tienen enjundia. Empecemos por los impuestos.

Está reciente la presentación del proyecto de reforma fiscal, por parte del Principado. El presidente Barbón se refirió varias veces a la iniciativa, diciendo tres cosas concretas: la reforma del IRPF beneficia al 80% de los contribuyentes asturianos; los que tienen unos ingresos inferiores a los 35.000 euros pagan menos; solo pagan más los ciudadanos que tienen unas rentas por encima de los 175.000 euros. En el debate identificaba la bajada de la tributación en las rentas bajas con la izquierda, y al PP lo situaba en la defensa de las rentas altas.

La realidad es que la reforma del IRPF apenas introduce variaciones sobre la situación anterior, con la excepción de las rentas más bajas (hasta 12.450 euros), razón de la reforma, ya que habíamos quedado señalados como la región que gravaba más a los que tienen menos recursos. El resto de la población apenas se entera de la reforma.

En cuanto a la llamada, ‘vía fiscal asturiana’, deducciones introducidas en el IRPF siguiendo una casuística caprichosa (ejemplo: deducción de 1.000 euros por cada hijo en una unidad familiar con descendientes en que uno de los progenitores murió en accidente laboral; si murió en accidente de tráfico no reciben los hijos ni un euro) que ha sido criticada por los expertos por irrelevante para la inversión y la economía de la región. Y para colmo, no se deflacta el IRPF.

Cultura
Adrián Barbón dijo que sentía orgullo por haber devuelto el protagonismo a la política cultural. Al oírlo, intuí que no hablaba de cultura en sentido amplio –donde no ha habido especiales aportaciones–, sino en uno muy concreto. No me defraudó.

A continuación, anunció la aprobación de la Ley de la Cultura del Principado de Asturias, donde se «recogen los derechos culturales». La iniciativa es muy ambiciosa porque incluye la creación de un Comité de Protección de los Derechos Culturales. Advirtió que entre ellos están, cómo no, los derechos Llingüísticos. Para que todo el mundo se aclarase dijo que se trataba de una norma que da una protección máxima a nuestras lenguas.

En España no hay ninguna Ley de la Cultura. Sí hay Ley del Cine o Ley del Patrimonio Histórico Español, etc. Aquí vamos a tener una Ley de la Cultura, planteamiento totalizador, para regular algo tan concreto y reducido como el bable, el eonaviego y sus circunstancias. Ojalá me equivoque, pero el Comité de Protección de Derechos Culturales tiene el aroma de un órgano sancionador.

Continúa progresando la obsesión del Principado con las lenguas vernáculas. Nadie del Gobierno las utiliza en su vida cotidiana, con la excepción de la consejera de Cultura. ¿Cuánto va a costar la aplicación de esta ley? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear dispuestos a proteger (difundir) unas lenguas que apenas se utilizan como vehículo de comunicación? Si el plan se lleva adelante, la Consejería de la Cultura se acabará convirtiendo en un departamento de lenguas protegidas (difundidas). Al tiempo.

Estrategia
Ligado a lo anterior, el presidente del Principado anunció que se va a publicar la ‘estrategia de la normalización del asturiano’ (ahora todos reniegan del bable que es el nombre que consta en el Estatuto de Autonomía de Asturias). Cuando hizo el anuncio, Barbón debatía con Carolina López y le deseó que disfrutara con la estrategia.

La normalización del asturiano (bable) era el paso que se iba a dar tras el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas vernáculas. Creo recordar que el presidente de la Academia de la Llingua, que es el único que no se deja de llevar por las emociones, pensaba en un plazo de ocho años para implantar la normalización del eonaviego y el bable. El plan de ahora puede ser más pragmático, pero no deja de ser contradictorio: normalizar sin oficializar.

De esta tormenta de ideas en el Principado se puede deducir que a mitad de mandato la cúpula del Gobierno tiene como tema prioritario en la agenda política el invento de imponer tres lenguas oficiales en una región donde de forma espontánea sólo se habla una lengua, con la excepción de los nacionalistas, sean vocacionales o sobrevenidos.

Dimisiones
En un momento del debate el presidente hizo un inciso para aclarar que no había cesado a ninguna consejera. Hizo un breve repaso de nombres: Melania Álvarez, Belarmina Díaz y Lydia Espina. En el recuento se le ‘olvidó’ Nieves Roqueñí, por la que preguntó Pumares, respondiéndole Barbón que estaba obsesionado con ella.

De Melania Álvarez, exconsejera de Derechos Sociales y Bienestar, dijo que había preferido ir al Senado. Así que, a los pocos meses de empezar el mandato, cambió de idea y saltó al Senado. Un caso único. Un consejero no tiene esa capacidad de elección. Barbón tiene dicho, recientemente, que ese tipo de elección le corresponde al presidente del Gobierno.

De Belarmina Díaz, consejera de Transición Ecológica, dijo que dimitió para permitir la investigación de la mina de Cerredo. No era ningún obstáculo Belarmina para la investigación. Las resistencias vinieron de las direcciones de los dos partidos de izquierda.

En cuanto a Lydia Espina, su dimisión fue «para facilitar el arreglo en la educación». Estaba animada negociando, hasta que le dieron la noticia. Hay que ver lo que da de sí un debate sobre el estado de la región.