La reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita discurrió por la senda esperada: liderazgo del Gobierno regional, unidad entre los participantes y la mirada puesta en el Ministerio de Transportes. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que presidió la reunión, presentó un borrador para suscribir el manifiesto donde se muestra el rechazo a la prórroga del peaje, siguiendo el dictamen de la Comisión Europea que lo considera ilegal, así como la exigencia al Ministerio de Transporte de que asuma el criterio de Bruselas. Si el Gobierno no rectifica se estudiarán acciones judiciales, reclamando al Tribunal Supremo que obligue al Ministerio de Transportes el cumplimiento del dictamen europeo.

Se ha tomado la decisión de establecer contactos con los gobiernos de Castilla y León y Galicia para unir fuerzas contra la negativa del Gobierno. En esta cuestión la relación con leoneses y castellanos es obvia, ya que compartimos el peaje. Cada uno en una ladera. Tienen la misma indignación que los asturianos. La vinculación con Galicia también tiene sentido, ya que ellos luchan, en paralelo a Asturias, por eliminar la tasa de la AP-9, la autopista que va de Ferrol a Tui, que entró en el mismo negocio que la AP-66: prolongar los pagos veinticinco años para poder financiar otras obras (accesos de Ferrol). Los dos gobiernos (Principado y la Xunta) negociaron la rebaja del peaje, obteniendo ellos un trato más favorable porque estaba el Bloque Nacionalista Gallego por el medio, aliado de Sánchez en la investidura. Si las tres comunidades autónomas plantean unidas la exigencia de acabar con la tasa, no le va a ser fácil al ministro, Óscar Puente, mantener la negativa. En la reunión de la Alianza por las Infraestructuras se acordó pedir al Gobierno que aplique una bonificación del 100% al peaje, mientras no se llegue a una solución en firme. La bonificación del 100% es lo mismo que suspender el peaje. Es una petición coherente con la argumentación presentada.

La medida más importante es la convocatoria de una concentración en la plaza de la Escandalera de Oviedo el 17 de octubre, viernes. El procedimiento jurídico lo encabeza la Comisión Europea. Falta mostrar al Gobierno y a Bruselas que detrás de la queja hay miles de personas. En el caso del Gobierno muy especialmente porque si no logra sacar adelante los presupuestos de 2026, es muy probable que haya elecciones anticipadas. En esas circunstancias el peaje se convertiría en una carga.