El debate sobre la prórroga del peaje del Huerna tiene tres caras: la licitud o ilicitud del tributo, el coste de prolongarlo hasta el año 2050 y la dimensión política que lo invade todo. El informe de la Comisión Europea, mostrando la ilegalidad de la prórroga y de la operación de privatización, ha dado alas al rechazo del peaje por las instituciones y la sociedad. En la actualidad el aspecto legal es el punto fuerte de la crítica al mantenimiento de la tasa. La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción a España, por no avenirse a retirar el tributo. Los otros dos aspectos: el coste del rescate del peaje y la vía política no se han explorado.

En esas estábamos cuando la diputada Tomé ha presentado un informe sobre el rescate del Huerna que cuantifica en 280 millones la operación. Eso es lo que debería el Ministerio de Transportes pagar a Aucalsa, empresa titular de la concesión. El informe lo hicieron dos profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Los dos profesionales tienen experiencia en la materia porque fueron los que hicieron un trabajo semejante para valorar el rescate del peaje en la autopista AP-9 (Ferrol-Tui), encargado por el BNG, partido que lidera la oposición en el Parlamento de Galicia.

La AP-9 y la AP-66 son dos autovías gemelas, por la época en que se construyeron y, sobre todo, por los avatares que sufrieron al ver cómo se prolongaban sus peajes de forma sorpresiva y, luego, se privatizaban. Tal como informó este periódico, los informes internos del Ministerio de Transportes cifran en 674 millones la cantidad que tendrá que transferir el Estado a la empresa concesionaria hasta 2050 por las bonificaciones que se aplican a los vehículos. Si comparamos los 674 millones por financiar las bonificaciones con los 280 millones de rescatar la concesión, la opción es clara.

Todo esto ya lo deberíamos saber si el Gobierno asturiano hubiera acatado el mandato unánime de la Junta General del Principado, en junio de 2024, para hacer un estudio que valorara el coste que el Estado tendría que afrontar si asumiera la AP-66. El Principado no lo hizo. La diputada Tomé sigue la vía abierta por Daniel Ripa (ex líder de Podemos) en la lucha contra el peaje ilegal. Como son mayores no necesitan consejos, pero los partidos a la izquierda del PSOE, con escaso apoyo electoral, tienen un gran campo de actuación en la denuncia de operaciones que otros grupos no realizan. Rebajar la dosis de ideología y actuar sobre abusos concretos. Así serían útiles.