La dualidad entre público y privado es tan antitética en Asturias, como la del cielo e infierno en la sociedad medieval. Aquí lo público es bueno y lo privado, horrendo. Lo primero es prueba de generosidad y solidaridad y lo segundo de rapiña y egoísmo. La experiencia de los dos últimos años, en vísperas de la llegada a Asturias de las universidades privadas y del Grupo Hospitalario Quirón (el mayor grupo hospitalario privado de España) a Gijón, lo evidencian.

Esta semana nos enteramos de que la Universidad de Oviedo se personó en el proceso de aprobación de los centros adscritos a la Universidad Nebrija (Avilés) y la Universidad Alfonso X el Sabio (Oviedo), planteando dudas sobre la legalidad de estos centros y lamentando que no se les evaluara conforme a la nueva normativa que eleva el listón de las exigencias. Los responsables del alma mater querían impedir que hubiera en Asturias la más leve manifestación de centro universitario privado. Lo airean sin rubor, como si no hubiesen realizado una gestión claramente hostil hacia esas dos instituciones.

Críticas
Entre las críticas para descalificar a los dos proyectos privados, los responsables de la Universidad de Oviedo señalaron «la falta de infraestructuras por parte de los solicitantes», algo «público y notorio», según opinión de Ángel Espiniella, secretario general de la Universidad de Oviedo. Espiniella advirtió que «lo diseñan todo en función de la cesión futura de espacios públicos» ¿Y cómo planea el alma mater la expansión de los campus?

No acababan de criticar el déficit de infraestructuras de las instituciones privadas y el rector, Ignacio Villaverde, sacó a relucir las grandes necesidades en infraestructuras de la Universidad de Oviedo. Afirmó que se necesitan 18 millones de euros extra para abordar los problemas existentes. Por el convenio de colaboración con el Principado recibe la Universidad más de mil millones en seis años (2023-2028); un incremento de 200 millones sobre el anterior contrato-programa. El convenio es prorrogable en cuatro años, elevándose la financiación del Principado a 1.700 millones. Ya se puede imaginar uno de donde van a salir los 18 millones extra para remodelar edificios. Se prevé que las obras duren cinco años.

La Universidad que tiene un mayor gasto por estudiante es la asturiana: 10.274 euros. Con la gratuidad de las matrículas, la institución académica recibirá aún más recursos del Principado para compensar el dinero que dejan de recibir de los alumnos. Qué fácil es predicar el gratis total, sin perder un céntimo del sueldo y endosando al público una factura más cara que antes, costeada con nuestros impuestos.

Hiperfinanciada
En el contexto español, con 48 campus públicos, la universidad asturiana está hiperfinanciada. Sin embargo, en sus ataques a las instituciones académicas privadas, destacan la carestía de las privadas. Sin duda, son caras para el que se matricula en ellas, pero a la sociedad asturiana le resultan baratas, sobre todo en comparación con la pública que nos cuesta 254 millones cada año. Como sigan haciendo obras, pronto la factura será de un millón diario.

Es imposible dar lecciones de progreso y modernidad, cuando se ponen zancadillas a la llegada de otras universidades. Los monopolios siempre son rechazables, pero el monopolio intelectual es inexplicable.

Que se vayan preparando porque por alguna razón misteriosa en España crece, como en ningún otro país, la tendencia a estudiar en centros privados. No me atrevo a decir que la explicación esté en los déficits de la enseñanza pública, pero sí parece que se haya adaptado peor a las demandas de la juventud. Nos faltan datos, pero no creo que las estadísticas de empleabilidad de los egresados sean ciertas.

De todo lo anterior, lo que me parece descorazonador es la reacción del Sanedrín universitario a la humilde llegada de dos centros universitarios adscritos a nuestra región. Prefieren que sea la única comunidad autónoma (o una de las últimas) en no tener universidades privadas.

Sanidad
En la sanidad, la noticia de la venida del Grupo Hospitalario Quirón a Gijón ha desatado una tempestad. Evitar que pueda prestar sus servicios en esta tierra se ha convertido en objetivo. Se han abierto procedimientos judiciales para impedir que le otorguen la licencia. El caso es retrasar la construcción del hospital, como sea. Me resulta igual de inexplicable que poner obstáculos a las universidades privadas.

Me explico. Todos vamos a seguir financiando la sanidad pública. No va a perder fondos la pública, aunque se recurra a la privada. La ciudad recibe una inversión de 40 millones de euros que conllevará 300 empleos. Sólo por esto habría que darle paso. La sanidad pública verá cómo se reducen, aunque sea en una pequeña proporción, las listas de espera.

Tendrá un tercer centro en Gijón para actuaciones concertadas. Los usuarios de la sanidad pública serán atendidos con más prontitud. Con una mayor oferta habrá más consultas, más pruebas diagnósticas, más operaciones, más rehabilitaciones, más bienestar.

¿En qué cabeza cabe que la inversión en un hospital es una mala noticia para una ciudad? La sanidad pública y la privada no se excluyen, son complementarias. Ambas tienen un mismo reto: curar a los enfermos. Contar con más médicos y enfermeros es una riqueza a la que no puede renunciar una sociedad envejecida