A la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se llegó con dos expectativas, una relacionada con las previsiones macroeconómicas (techo de gasto, déficit) para el periodo 2026-2028, y la otra vinculada al futuro modelo de financiación autonómica. Bien es cierto que la primera quedó aguada desde que se supo que Junts impedirá la aprobación de los presupuestos para el próximo año, prorrogándose otro ejercicio más las cuentas. Al menos ese es su deseo expresado en repetidas ocasiones y nada impide que se cumpla. La ministra de Hacienda propuso un límite al déficit del 0,1% para los tres años. Idéntica propuesta realizó el pasado año y el pleno del Congreso de los Diputados la rechazó.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera tienen una forma de regular las mayorías muy particular; el órgano está formado por el Gobierno, quince comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; pues bien, el Gobierno puede sacar adelante sus propuestas con el solo apoyo de una comunidad autónoma. Los límites del déficit y la deuda fueron aprobados con el apoyo de Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Funciona la disciplina de partido, al menos en el PSOE. Repito: en cuestiones presupuestarias todo es provisional.

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, se mostró muy satisfecho con la propuesta de techo de gasto y la senda de déficit del Ministerio de Hacienda. No creo que la autorización del 0,1% de déficit sea algo extraordinario, sobre todo si lo comparamos con el margen que se reserva el Estado, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera funciona en esta legislatura como Las Cortes Generales. No me refiero a las formas, que son más moderadas, sino a los posicionamientos que están atravesados por la clave partidaria.

Sobre el modelo de financiación, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sólo hizo comentarios orientativos. En síntesis, presentará el modelo en enero o febrero, con la intención de que se aplique en 2027; estará basado en la multilateralidad, pero matizado con algunos enfoques y cálculos bilaterales. María Jesús Montero garantizó que será positivo para todas las regiones (quiere decir que todas tendrán más recursos que ahora) y se mostró partidaria de penalizar a las regiones que apliquen ‘dumping’ fiscal (cuando Montero habla de ‘dumping’ hay que traducirlo por bajada de impuestos). Después de la operación de la quita de deuda, se puede esperar cualquier cosa.