La Plataforma Ciudadana Peaje NO, liderada por Daniel Ripa, exdirigente de Podemos, ha alcanzado el primer triunfo al lograr que la Fiscalía admita a trámite la petición de declarar ilegal el cobro del peaje del Huerna al haber obras en la calzada que lentifican el viaje. La Fiscalía va a estudiar si corresponde realizar acciones legales para defender los derechos ciudadanos. Se empieza a mover la maquinaria de la justicia.

En la AP-9, que une Ferrol con Tui, vía gemela a la AP-66 que enlaza Asturias con León, el Tribunal Supremo ha condenado a Audasa, empresa que gestiona la autovía, por cobrar íntegra la tasa cuando hay obras que incrementan el tiempo del viaje. Son dos casos idénticos, el gallego y el nuestro, así que lo lógico es que el Tribunal Supremo penalice a la empresa Aucalsa por llevar un año cobrando 15,6 euros, como si la calzada estuviese expedita y se pudiese transitar sin restricciones de velocidad. Daniel Ripa juzgó como «inadmisible» el comportamiento de Aucalsa, empresa que tiene la concesión sobre la autopista del Huerna, porque pertenece al Grupo Itínere Infraestructuras S.A, donde está inserta también Audasa, la empresa condenada por el Tribunal Supremo en Galicia. Para actuar así «hay que tener la cara muy dura», en opinión de Ripa.

Aucalsa, Audasa, empresas del Grupo Itínere Infraestructuras, persiguen el objetivo de maximizar el beneficio, sin entrar en otras consideraciones, y por eso han sido penalizadas en el caso de la doble calzada gallega y, es muy probable, que también sean condenados en el caso de la vía asturleonesa. No obstante, me extraña más el comportamiento de las administraciones públicas. El Ministerio de Transportes no puso ningún impedimento a que la empresa concesionaria mantuviera una tasa abusiva a los ciudadanos, cuando la calzada no estaba en condiciones de garantizar el uso estándar a los clientes. El ministro Puente, tan volcado en el papel de vende motos, como esa línea supersónica entre Madrid y Barcelona, que sólo la pueden mejorar los chinos (los movimientos espasmódicos del Gobierno revelan con nitidez el resultado catastrófico de las encuestas), no consideró oportuno advertir a la empresa del atropello que supone cobrar por algo que no se ofrece. Tampoco el Principado exigió a Aucalsa que rebajara el precio de utilizar la autopista.

Si la historia tiene un final feliz (los usuarios recuperan parte del dinero pagado durante el último año) será, principalmente, por el esfuerzo de gente como Daniel Ripa.