El pleno extraordinario de la Junta General del Principado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica tuvo un desarrollo decepcionante. La mayoría de la Cámara no quería debatir porque no encajaba en el calendario de la izquierda. La temática era tan importante para el devenir de las instituciones autonómicas que no entiendo cómo podían considerar baldía la convocatoria.

Recuerdo el inicio de las reformas del sistema de financiación autonómica. Al principio, el Estado ponía prácticamente todos los recursos. Era la etapa de la minoría de edad de los gobiernos regionales que vivían de la paga del padre. Un padre rico del que se aprovechan las comunidades autónomas gastando sin reparos, sabedoras de que el Estado, al final, asumiría todas las facturas en nombre del Reino de España. Ese modelo se mantiene ahora, con la particularidad de que los hijos gestionan las cuantiosas rentas transferidas por su padre, y, sin embargo, necesitan más y más.

Argumento
Un argumento muy fácil de entender. Cuando las comunidades autónomas recibieron las competencias en sanidad y educación se financiaban con el 33% del IRPF y el 35% del IVA. En el nuevo modelo, con las mismas responsabilidades de entonces, necesitan para gobernar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA. En euros: 16.000 millones más para los predios autonómicos. Según Montero, esa cesión de impuestos se hace para que las regiones dejen de estar infrafinanciadas.

Esta sería ya una buena razón para discutir sobre el modelo de financiación si nuestros políticos tuvieran sentido de Estado, pero no pidamos peras al olmo. En los últimos once meses, el Estado asumió 83.252 millones de deuda autonómica, con sus correspondientes intereses, 6.700 millones, y ahora regala un tramo del IRPF y otro del IVA para mantener, como dice Montero, el Estado del Bienestar.

Siendo todo ello grave y preocupante, no lo es menos la bomba que oculta el nuevo sistema de financiación. Razón de más para dedicar la tarde de un viernes de invierno a discutir gobierno y oposición sobre la oferta del Ministerio de Hacienda.

Barbón
No fue posible. El debate quedó aguado desde el momento en que Adrián Barbón tomó la decisión de no intervenir. Si la temática fuera menor, entendería la inhibición del presidente, pero no hay asunto más importante, en clave autonómica, que el modelo de financiación. Tal como se dedujo de algunos de sus comentarios desde el escaño, parece que se reserva para el próximo miércoles en el turno de preguntas. Es un formato menor, inapropiado para verter argumentos de peso y recibir críticas fundadas: sólo cuatro frases y un fogonazo final preparado por la sección de asesores. Conclusión: pensaba el presidente que la discusión en un pleno extraordinario con veinte minutos de tiempo para las intervenciones de los portavoces era más peligrosa que beneficiosa.

Al final, desde el escaño, interrumpiendo a los diputados que estaban en el uso de la palabra, intervino a modo de espontáneo, una figura que no está recogida en el reglamento de la Cámara. ¿Qué dirían consejeros y parlamentarios si un diputado de Vox se tomara esas licencias?

Sesgo
El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, realizó una exposición sobre el sistema de financiación, tomada de anteriores declaraciones suyas sobre el tema. Sin novedad. No obstante, tuvo interés por el sesgo que introdujo en sus consideraciones sobre el modelo de financiación y el modo en el que va a intervenir el Gobierno. Según Peláez, la ministra abrió el diálogo, cuando no dio oportunidad para ello. Presentó el modelo fuera de las instituciones y en la única reunión que hubo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se limitó a repetir el discurso sin dar ni un solo dato a los gobiernos regionales ni propiciar el debate. Anunció que, a partir de ahora, hará reuniones bilaterales con los distintos gobiernos autonómicos. La famosa «estrategia del confesionario» que tan buenos frutos daba a Jacques Delors en Bruselas.

En el Principado (presidente, consejeros) siempre citan como gran referencia para posicionarse ante cualquier modelo de financiación, la Declaración de Santiago y la resolución aprobada, por unanimidad, (con la excepción de Vox) en el pleno de la Junta General del Principado del 5 de junio de 2020. Pues bien, en ambos documentos consta el rechazo a la negociación bilateral. Multilateralidad o nada.

El viernes, Peláez dijo que un gobierno autonómico debe negociar, diga lo que diga la Declaración de Santiago. Para homologar la anomalía, señaló que «siempre se había negociado así», Ministerio de Hacienda-Generalitat. No es cierto. Las cesiones de IRPF (primero 15% y, luego, 30% con capacidad normativa sobre el tramo) sí se pactaron con los catalanes, pero el reparto de recursos, no. La mejor prueba es el presente modelo de financiación, donde Cataluña no sale muy bien parada. No hay posible comparación con los chanchullos del método Montero.

Peláez tuvo empeño en afirmar que no se fragmenta la gestión tributaria. La llamada gestión tributaria en red, compartiendo responsabilidades con las distintas comunidades autónomas es uno de los experimentos más peligrosos que se han ensayado en la política española. Sólo cuenta con el apoyo de independentistas y evasores.

Por cierto, no dijo ni una palabra sobre ordinalidad, la bomba de Montero.