Los geriátricos o residencias de la tercera edad están saturados. Cada centro privado tiene en lista de espera, de media, alrededor de cincuenta personas. Lo que significa meses de hacer cola. En la red pública, Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), hay un índice de ocupación del 95% y una demanda de 3.000 personas mayores. En ambas redes, crece más rápido la demanda que la oferta.

El problema del aumento de la tercera edad, con sus múltiples derivadas, es bien conocido desde los años noventa del pasado siglo. Un fenómeno que abarca a las envejecidas sociedades europeas y, de forma especial, a regiones como Asturias. Hace treinta y cinco años me dijo un diputado de la izquierda que «viene un tsunami», hablando del problema. Sería injusto decir que no se hizo nada porque se aprobó la Ley de Dependencia en 2007, dando un salto cualitativo en la atención a personas con autonomía restringida, la inmensa mayoría mayores de 65 años, pero en lo tocante a residencias y geriátricos no se destinaron suficientes recursos en el Principado. El centro de interés está en sanidad y educación, y para la tercera edad, pensiones. Cobrar una pensión de jubilación es imprescindible, pero la pérdida de facultades, la soledad, etc., necesitan de otro tipo de ayudas, que en muchos casos pasan por plazas residenciales.

Tres cuartas partes de las plazas geriátricas en Asturias son de titularidad o gestión privada. Partiendo de esa realidad, y sin negar la importancia de contar con una sólida red de centros públicos, si hay que optimizar recursos resulta más eficaz y más barato concertar con la iniciativa privada. Si el Principado tuviese 2.000 millones reservados para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, entiendo que apostara por la oferta pública, pero cuando la cola de demandantes cada vez es más larga se impone un plan de choque a partir del recurso menos costoso: las plazas concertadas. El sector está lleno de gente con buenos sentimientos, abnegada y generosa, pero hace falta que alguien sepa hacer números. Al parecer, el nuevo modelo residencial contempla residencias con un máximo de quince plazas. Visto que renuncian a hacer economías de escala, me gustaría que la consejera dijera cuál es el coste que prevén de cada plaza en esas nuevas residencias.

El tsunami ya está llegando a nuestras costas y, para colmo, ¡la bolsa de empleo está vacía! Es decir, no hay personas acreditadas que quieran trabajar en residencias. ¿Quién entiende eso? Falta un capitán.