La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado que el acuerdo comercial de la UE con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) entra en vigor de forma provisional, sin esperar el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La inestable política comercial de Estados Unidos, con alteraciones inesperadas de aranceles, ha empujado a Bruselas a activar el acuerdo, tras haber sido firmado por Argentina y Brasil.

La noticia supone un jarro de agua fría para ganaderos y agricultores, que contaban con que las deliberaciones en el TJUE durasen más de un año. La decisión de Bruselas reactiva la lucha del agro europeo contra la Comisión Europea. La pugna del sector primario puede desestabilizar los equilibrios en las instituciones europeas, nunca tan zarandeados como en el presente mandato. El pacto con los países suramericanos no suscita el consenso, precisamente, entre los veintisiete socios. El principal foco de resistencia es Francia, el país donde el apoyo a la agricultura es unánime. La decisión de dar luz verde al pacto fue posible por el cambio histórico de postura de Italia, que hasta esta ocasión había estado siempre del lado de la gente del campo.

En España, el Gobierno central apoya el acuerdo entre Europa y Sudamérica, mientras el Principado lo rechaza. Hay un argumento en defensa de las producciones asturianas, españolas y europeas que nos es muy familiar, porque es el mismo que se ha utilizado para defender el acero europeo de las importaciones de terceros países (China, India, Turquía, Rusia). La competencia desleal. Mientras la producción del acero asturiano soporta costes medioambientales, el acero ‘sucio’ de la importación penetra en el mercado con un precio por debajo de nuestros costes. La carne o la leche asturiana soporta costes de producción (fertilizantes, gestión de residuos) o de bienestar animal (alojamiento, transporte) que no tienen las explotaciones argentinas o brasileñas.

El aspecto más sensible en la comparación de productos es el sanitario. En Asturias, o en cualquier otra región, hay una gran seguridad alimentaria. Se sigue una trazabilidad rigurosa y hay un control de sustancias. En los países de Mercosur se usan pesticidas que están prohibidos en la UE. Estamos hablando de algo que no afecta solamente a las explotaciones agrarias, sino a los 450 millones de habitantes de la UE. La calidad de los alimentos no admite rebajas. La seguridad alimentaria es una línea roja.

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