En el Principado hay una especial aprensión a los informes del Observatorio de la Dependencia, ya que Asturias lleva cosechados veintitrés suspensos en los veintiséis dictámenes que lleva haciendo el citado organismo desde que se empezó a aplicar la Ley de la Dependencia. El Observatorio es una creación de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, sin ningún vínculo con administraciones públicas ni tutela de gobiernos. Son independientes y profesionales, dos rasgos propios de las entidades creíbles. Pasan los años, cambian presidentes y gobiernos, y la gestión asturiana de la Dependencia reincide en los mismos defectos. El fallo que más se repite es dejar los expedientes perdidos en los mil vericuetos de la tramitación administrativa sin llegar a concluir.

Lo dice muy bien el informe que se acaba de publicar. El sistema asturiano para la Dependencia «evidencia una incapacidad estructural para transformar la tramitación administrativa en resoluciones efectivas». Y añade: «La salida de las personas del sistema se produce de forma sistemática por causas ajenas a la gestión administrativa». La principal causa ajena a la gestión administrativa que expulsa a las personas de la lista de espera es la muerte.

El pasado año, 1.245 personas fallecieron en lista de espera. La mayor parte, 1.179, aguardaban la valoración del Principado, mientras que los sesenta y seis restantes esperaban la ayuda concreta a la que se habían hecho merecedores. Dicho en términos poco caritativos, el sistema no se desborda porque a una valoración trabajosa y lenta le corresponde una cifra de decesos que evita la saturación de los recursos.

El pasado año solo se incorporaron al sistema 645 personas dependientes y 1.245 desaparecieron de la lista de la valoración. Un cribado entreverado de naturaleza y burocracia estabiliza el sistema. Cuando se llevan dieciocho años reincidiendo en los mismos errores y padeciendo los mismos déficits no queda otro remedio que concluir que la Dependencia no fue, ni es, una prioridad para el Principado. Pese a lo que pudiera parecer, hay comunidades autónomas que sacan buena nota en el dictamen del Observatorio sin ser ricas. Y otras que son ricas y no destacan en el ranking de la valoración de la Dependencia. Al final, la gestión de la consejera, Marta del Arco, no es más que la consecuencia de la falta de compromiso político del Gobierno con la Dependencia. El tan cacareado escudo social no cubre a los más vulnerables.