Cuando se acerca la fecha del primer aniversario de los cinco mineros muertos en la mina de Cerredo (Degaña), el director general de Energía y Minería del Principado hizo unas declaraciones, tras la reunión de la Comisión de Seguridad Minera, sobre la siniestralidad habida en el año 2025 en las minas. El accidente de Cerredo, el más grave de los habidos en las explotaciones de carbón asturianas en lo que va de siglo, se diferencia de las grandes tragedias de décadas anteriores en que el siniestro se produce en un yacimiento donde estaba expresamente prohibido extraer carbón. Tres años antes, un camión que transportaba carbón sacado de la mina se quedó sin frenos y murió un trabajador. Entonces se pudo ver que la empresa hacía caso omiso de la legalidad y, en vez de conformarse con la imposición de una multa, el Principado podía haber tomado otras decisiones más rigurosas y más acorde con el peligro que suponía realizar los trabajos sin control de la Administración. El accidente luctuoso del año 2022 resta margen a la Administración para hablar de errores, descuidos o dificultad para detectar las ilegalidades que acabaron desembocando en el accidente del 31 de marzo del pasado año.

El director general de Energía y Minería afirma que no existe un análisis final de las inspecciones realizadas en la mina de Cerredo, pero que se considera que fueron las adecuadas ¿Si no hay un análisis definitivo en qué se basa para considerar que fueron las adecuadas? Al parecer los inspectores no fueron capaces de detectar la trampa que hacía la empresa, pero como declaró un testigo en la comisión de investigación parlamentaria del accidente, «todo el mundo sabía que en Cerredo se estaba extrayendo carbón». De la actividad ilegal advirtió algún ciudadano a la Administración, por correo electrónico, pero por esos misterios que tiene la informática nadie pudo leerlo.

El director general dijo que teniendo en cuenta que se trataba de una explotación clandestina, las inspecciones fueron las adecuadas. Sucedió el accidente de 2022, pero como la explotación era clandestina nadie se enteró en los tres años siguientes de lo que estaba ocurriendo. Justo antes de dimitir, la exconsejera, Belarmina Díaz, declaró en la Cámara, «si como parece en el piso 3º de la mina se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y el director facultativo». El Principado, nada de nada, el dolo o la negligencia siempre es de otros.