El Instituto de la Transición Justa (ITJ), un organismo vinculado al Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado que durante años se sacó carbón de las minas en Asturias sin que el Principado transmitiera información al ministerio. Hasta que sucedió el trágico accidente del 31 de marzo del pasado año, la ministra Sara Aagesen y su equipo ignoraban que hubiera explotaciones en activo en nuestra región. La ausencia de información por parte del Principado tiene muy difícil explicación. Al finalizar el año 2018 se cerraron todas las explotaciones de carbón que recibían subvenciones. En caso contrario tenían que devolver el dinero recibido, que en el conjunto de España (Asturias, Aragón, Castilla y León) llegaba a la cifra de 500 millones. Quedaba alguna mina privada que se mantenía abierta, pero dos años más tarde se cerró la última explotación en Asturias (Carbonar).

Para el Ministerio de la Transición Ecológica clausurar las explotaciones de carbón era muy importante porque alimentaban a las centrales térmicas para la generación de electricidad. En un estudio de aquella época, realizado por la Comisión Europea, de los treinta activos industriales y energéticos que expulsaban más gases de efecto invernadero a la atmósfera, veintidós eran centrales térmicas.

En Asturias, en los últimos años ha proliferado una manera de trabajar en la mina que consiste en desarrollar proyectos de investigación complementaria. Una figura peculiar que le sirvió a la empresa, Blue Solving, que trabajaba en Cerredo cuando se produjo el accidente que segó la vida a cinco mineros, a obtener un permiso del Principado para extraer 60.000 toneladas de carbón. La licencia para realizar esa tarea fue concedida por la Administración autonómica en un tiempo récord de 33 días. En la explotación de Narcea el trámite fue más lento, se prolongó hasta los 81 días.

Enterados de que se extraía carbón, el ITJ pidió información al Principado sobre las explotaciones que estaban activas. Los datos se transmiten con lentitud y en el Ministerio de Transición Ecológica no saben qué decisión van a tomar. Es preciso añadir que las empresas remitían informaciones al Principado, pero por alguna razón no llegaban a Madrid. Como se puede observar, el asunto del carbón se gestiona en el Principado de una forma transparente, rauda y veraz. Cuando surge algún asunto turbio, la consigna es doble: «investigar hasta el final», «caiga quien caiga»». Así se garantiza la legalidad.