En la asamblea general de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), celebrada en Salas, Cecilia Pérez pidió que «se flexibilicen o se suspendan las reglas fiscales que limitan el uso de los recursos municipales». La presidenta de la FACC considera que es necesario tomar medidas extraordinarias que permitan a los ayuntamientos afrontar con mayor capacidad de respuesta las dificultades de la coyuntura. Las peticiones y reflexiones de la alcaldesa de El Franco son una consecuencia del repunte de los precios energéticos, que a su entender desbordan las previsiones presupuestarias. Considera prioritario garantizar la prestación de servicios esenciales y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

El discurso de la presidenta de la FACC es conocido porque ya lo han planteado los representantes de la FACC en otras ocasiones. Para tomar medidas extraordinarias es preciso, previamente, valorar las consecuencias en los ayuntamientos del incremento energético. El impacto en las cuentas municipales es indudable, como lo es en las de todos los ciudadanos y en el resto de las administraciones públicas. Me inclino a pensar que Cecilia Pérez, como sus colegas, tienen muy presentes los 300 millones de euros que están inmovilizados en forma de remanente de tesorería en los consistorios asturianos. Los munícipes pretenden destinarlos a objetivos concretos.

En los años de la Gran Recesión, las cuentas públicas se descompensaron; para atajar los desequilibrios se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que condicionó la gestión de las administraciones al introducir unas normas, como la regla de gasto, que impide a los ayuntamientos gastar por encima del crecimiento del PIB a medio plazo. El control normativo del gasto público y de la deuda fue impugnado desde las administraciones.

¿Se dan las condiciones para suspender las reglas fiscales? Se tomó esa medida en los años de la pandemia, pero era una situación muy distinta de la actual. Pensemos que, en el año 2020, el PIB español experimentó una caída del 10,8%; hay que retroceder hasta la Guerra Civil para encontrar una pérdida de riqueza semejante. En la presente coyuntura, para hacer frente a la subida de los precios energéticos están las medidas de choque de los gobiernos central y autonómico. Si algún consistorio carece de recursos para prestar servicios esenciales, al Principado está obligado a auxiliarlo a través del Fondo de Cooperación Municipal.