Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, visitó nuestra región para firmar el primer convenio de viviendas con el Principado. Rodríguez fue una eficaz portavoz del Ejecutivo que no convenció a la Moncloa porque buscaban una persona más dura para alimentar la dialéctica de los bloques. La sustituyó Pilar Alegría, que respondía más a lo que quería Pedro Sánchez, pero ya en la primera comparecencia dejó constancia de sus limitaciones para proyectar la labor del Ejecutivo. El convenio abarca a cuarenta viviendas en Mieres, un primer paso como señaló la ministra. Las viviendas y suelos que ofrece el ministerio forman parte de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), más conocida por «banco malo». La Sareb fue el instrumento creado durante la Gran Recesión para evitar la profundización de la crisis financiera, asumiendo activos tóxicos (inmuebles) de cajas y bancos. Actualmente, es todo del sector público y con ese patrimonio quiere el Gobierno resolver la crisis de vivienda.

Rodríguez anunció una oferta de 40.000 viviendas y suelo para construir otras 50.000. De esa cifra, a Asturias le corresponden 400, una cantidad que es de agradecer como ayuda, pero está muy lejos de solucionar la carencia de viviendas. La ministra hizo algunas declaraciones que muestran el marasmo conceptual que rodea la actual crisis de vivienda. Según ella, con los convenios se «revierten errores del pasado». En el pasado lo que hubo fue una crisis financiera –hipotecas ‘subprime’– que se solucionó con instrumentos financieros, como el banco malo. Nada que ver con lo de ahora. «El diagnóstico en vivienda ya lo hemos hechos todos». Sí, pero muchos, entre ellos el Gobierno de España, hizo un diagnóstico equivocado y, por eso, el problema se agrava. Hay que hacer vivienda pública, pero solo con ella no se resuelve el déficit.

La ministra habló de «haber revertido el drama que fueron los desahucios y de salvar a la banca antes que a las familias». La nueva Ley de Vivienda soluciona los desahucios a costa del propietario que se ve forzado a hacer política social (mantener al arrendatario en el inmueble sin recibir compensación), mientras los gobiernos se lavan las manos. La ley es la culpable de que se haya recortado la oferta. Si no se hubiera salvado a la banca, hubieran sufrido millones de familias el daño de haber perdido sus ahorros. El error o abuso está en no haber recuperado el dinero prestado a las entidades financieras.