La comparecencia de Adrián Barbón ante los medios era importante, a los dos días de conocerse el informe sobre el accidente en la mina de Cerredo elaborado por la Inspección General de Servicios (IGS). En el tiempo que va de la actual legislatura autonómica no hubo nada más transcendente que la tragedia de Cerredo, ocurrida a los siete años de haberse clausurado las explotaciones de carbón y rodeada de unas circunstancias más propias de una mina de Kazajistán que de una región como Asturias y una nación como España.

Lo más positivo o acertado de la intervención de Barbón estuvo en sus palabras sobre la responsabilidad política en el accidente. Las puso entre interrogantes: «¿Están saldadas ya las responsabilidades?» «¿Son suficientes?» «Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos». Deja la puerta abierta. Aunque parezca una manifestación muy tímida, es distinto a todo lo dicho hasta ahora por el Gobierno. Basta recordar las declaraciones del consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, el lunes pasado, cuando en plan ‘sanchista’ eludió las preguntas sobre responsabilidad política y se puso a decir que «lo que nos corresponde ahora es analizar el informe, por si se nos escapa alguna cosa, y, sobre todo, implementar las recomendaciones». Descorazonador. Quizás la diferencia esté en que Barbón tiene olfato político y acomoda la respuesta a la cambiante actualidad, mientras que Sánchez es un científico que trajo su amigo del alma al Gobierno y se cree que las once recomendaciones del IGS son el bálsamo de Fierabrás para calmar toda la sed de verdad que tiene la sociedad asturiana, cansada de las mentiras y medias verdades de sus representantes en las instituciones.

Los anuncios de Barbón sobre la recuperación del servicio de seguridad minera y el aumento del rigor en los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) no son alentadores. El servicio de seguridad minera dejó de tener importancia en un territorio donde no se extrae carbón. En cuanto a mantener los PIC, carece de sentido a no ser que se quiera estar todo el tiempo bordeando la legalidad o infringiéndola abiertamente. Son un invento asturiano que sirve, en la actualidad, para hacer negocios con el carbón, después de cobrar por cerrar las minas.

Barbón anuncia nuevas investigaciones sobre actuaciones del Servicio de Minas. Toda la vida se resolvieron esas irregularidades abriendo un expediente informativo y, luego, un expediente disciplinario. No hace falta recurrir a más entes.