Partidos y sindicatos hacen valoraciones sobre el ‘caso Cerredo’ a la luz de lo datos contenidos en el informe de la Inspección General de Servicios (IGS). Ovidio Zapico, miembro del Gobierno de coalición, considera que el Principado «ha dado un paso muy importante» al encargar el informe. Cree que «va a ser la piedra angular de todo». Según el líder de IU «va a abrir la puerta a muchísimas incógnitas». Son declaraciones genéricas, con las que Zapico no se compromete ni compromete al Gobierno del que forma parte, pero sí muestra un mayor interés por aclarar las presumibles ilegalidades y pedir responsabilidades. Recordemos que IU se oponía con rotundidad a crear la comisión de investigación parlamentaria para dilucidar responsabilidades políticas, porque por esa vía se iba dañar al Gobierno. Ahora muestra otro talante.

En una tesitura algo distinta están los sindicatos, CCOO y Soma-UGT. Para Comisiones Obreras no cabe atribuir responsabilidades individuales, como planteaba Adrián Barbón, porque «Industria no funciona como un compartimento estanco». La responsabilidad sería «global del Gobierno». CCOO considera que «los fallos muy graves detectados no pueden desvincularse de la responsabilidad política». Por su parte, el Soma afirma que «las responsabilidades políticas deben depurarse con transparencia, celeridad y claridad». Los dos sindicatos ponen el acento en la exigencia de responsabilidades, pero sin concretar.

La sorpresa de la jornada fue el paso al frente dado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón al exigir a Adrián Barbón el cese inmediato de Nieves Roqueñí, como presidenta de la Autoridad Portuaria, «por decencia y para impedir que siga degradando las instituciones». Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno municipal, afirmó que Barbón la puso al frente de El Musel «para quitársela de encima». Repasó los asuntos controvertidos que jalonaron la etapa política de Roqueñí, como el incendio en la planta de basura bruta de Cogersa, donde se descubrió que las instalaciones no tenían un seguro que las cubriera ante semejante siniestro, o «la existencia de vínculos familiares con actividades relacionadas con su ámbito de gestión».

El edil gijonés terminó diciendo que las exconsejeras de Industria, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, máximas responsables de todo lo relacionado con las minas, «hicieron y deshicieron a su antojo». Por fin, desde una institución, se piden responsabilidades políticas al máximo nivel.

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