La explosión de grisú en la mina de Cerredo tambalea a la política asturiana cuando ya se cumplió un año de la tragedia. La chispa que encendió la polémica es el informe de la Inspección General de Servicios. El Gobierno quiere pasar página con un dictamen que hace once recomendaciones para mejorar la gestión en la mina. El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, dijo que «lo que nos corresponde es analizar el informe e implementar esas recomendaciones». Interrogado sobre responsabilidades políticas, señaló que la solicitud del informe a un órgano presidido por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, «ya es muestra de responsabilidad política».

Este es el nivel medio de los consejeros autonómicos. Cada uno sabe de lo suyo. En el caso de Borja Sánchez, de investigación científica. Pero de política, ¿quién sabe?

Polémica

La polémica ha puesto al Gobierno asturiano a la defensiva. Prueba de ello es que Adrián Barbón ha rechazado la celebración de un pleno extraordinario en la Junta General del Principado sobre el informe de la Inspección General de Servicios. Barbón ha estado ante las cámaras explicando lo que a su entender analiza el informe, pero se niega a debatir en el Parlamento sobre el tema. Un error de bulto. Tampoco quiere el Gobierno que se reabra la comisión de investigación parlamentaria para avanzar con los nuevos datos. Esas decisiones no convencen a la gente de derechas ni a la de izquierdas, aunque es cierto que garantizan que ningún miembro del Gobierno pase un mal rato en público.

Barbón negó que un numero mayor de inspecciones hubiera evitado el fatal accidente. De ser cierto, se debería amortizar la plantilla de inspectores, porque su función es inútil. Sabe el presidente del Principado que, si los inspectores llegan una mañana cualquiera a Cerredo, sin avisar, sorprenden a los pocos mineros que había faenando. También lo sabía el vecindario y los miembros de las empresas del sector. Sólo estaba oculto para aquellos que no querían (ni quieren) ver.

Los miembros del Gobierno de coalición, PSOE e IU, prefieren otear el mañana, corregir errores, ejecutar las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios. Pero la tragedia de Cerredo nos obliga a todos a mirar hacia atrás, desentrañar lo que pasó, evaluar responsabilidades, denunciar culpables y asumir responsabilidades políticas.

Forcejeo

Del forcejeo entre la ocultación y la clarificación brotan frutos sorprendentes. Va a crecer la plantilla del Servicio de Minas. El Principado necesita más funcionarios para hacer el trabajo burocrático por las explotaciones, una tarea que ha aumentado mucho gracias a la creación del Instituto para la Transición Justa (ITJ). Una institución nueva, venida de Europa, impulsada, en su día, por la exvicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, para repartir dinero en los sitios donde se cierran explotaciones. Estamos hablando del mismo ITJ al que el Principado no había comunicado que en Asturias había minas abiertas y cuando sucedió la desgracia de Cerredo se enteraron por el telediario. La ministra, Sara Aagesen, debió sentirse humillada.

Se refuerza el Servicio de Minas. Con datos de hace dos años, había abiertas 41 explotaciones en Asturias, con 1.186 trabajadores, pero no de carbón. Una tercera parte estaban en canteras y más de la mitad en minería metálica. Asturias lidera la producción en fluorita. La empresa que más trabaja en la fluorita es Minersa; su filial Fluospar, fue sancionada por el Ayuntamiento de Gijón por incumplir las condiciones del permiso dado por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, cuyo titular era Nieves Roqueñí. El marido y una hermana de Roqueñí están (al menos estaban) vinculados a Minersa. El permiso lo firmó el jefe del Servicio de Minería. Es un placer descubrir la trazabilidad de los expedientes políticos, con sus filias y fobias.

Proyectos

Me sorprendió el interés que mostró Adrián Barbón en mantener o resucitar los proyectos de investigación complementaria, que fue el truco que utilizaron los gestores de la mina para extraer carbón, cuando estaba prohibido. Es una figura atípica creada en Asturias y que solo se utiliza en esta región. El informe dice que «la autoridad minera utilizó estos proyectos de investigación complementaria como vía para autorizar la extracción del carbón y eludir así la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva». Para Barbón, sin embargo, el informe dice que «hay que regularlos, establecer el desarrollo de los mismos y hacer un marco normativo al respecto y por eso una instrucción regulará y motivará el desarrollo de estos proyectos». Más personal en el Servicio de Minas y más proyectos de investigación complementaria ¿Se repetirá la historia?

En Asturias hay algunos proyectos de investigación en torno a los minerales críticos (cobalto, wolframio), pero nada tan tangible como el yacimiento de oro de Salave. Para acabar con todo aquello que no sea carbón está IU en el Gobierno.

A estas alturas del debate nadie se cree que la trágica chapuza de Cerredo fue la consecuencia de una componenda entre funcionarios y el cacique de turno de la zona minera. Atenta contra la lógica esa imagen oficial, de consejeros y altos directivos de la Administración virginales, frente a la pulsión por el chanchullo y el engaño de subordinados con los que despachaban a diario.