Pleno de la Junta General del Principado con la catástrofe minera de Cerredo como asunto central. Para que no haya malos entendidos, Rafael Alonso (PP) dijo que los desaprensivos, los que hicieron una explotación ilegal deben ir al juzgado, pero el Parlamento está para sustanciar responsabilidades políticas. Citó a los consejeros de Industria que hubo en el Principado durante los años de las grandes irregularidades en Cerredo (Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz) y señaló a Adrián Barbón como responsable de los actos de sus consejeros, «los asturianos están esperando que lo haga». Por su parte, Adrián Pumares (Foro) manifestó que «un gobierno que sumió al Servicio de Minas en el caos debe asumir su responsabilidad».

La oposición no se conforma con reestructurar el Servicio de Minas o con hacer cambios drásticos en el personal, quiere que el Principado depure responsabilidades en el staff político (consejeros, directores generales). El informe de la Inspección General de Servicios no entra en esa cuestión porque trata solo de la actuación de los funcionarios, pero en la Cámara autonómica sí toca dilucidar las responsabilidades de los cargos públicos. Hasta ahora el presidente del Principado ha aplazado entrar en esa cuestión, pero antes o después deberá hacerlo. Sería un gran escándalo que después de todo lo sucedido en Cerredo, resultara que el Principado quedara cruzado de brazos, como si ninguno de los políticos que estaban al frente de la gestión de la minería mereciese ser reprobado.

A las críticas del PP y Foro contestó el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez. Es la segunda vez que interviene en este asunto. En síntesis. Aquí estamos para hablar del informe (así que huelga hablar de responsabilidades políticas). El Servicio de Minas no es un caos, aunque es susceptible de mejoras. El informe de la Inspección General de Servicios lo que manda «es un mensaje de futuro». No se enteró de nada. Se podrá hablar de futuro, claro que sí, pero lo primero es saldar cuentas con un pasado trágico.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Moriyón volvió a exigir la dimisión de Nieves Roqueñí, como presidenta de la Autoridad Portuaria, por haber sido responsable como consejera en el Principado «en un tiempo en el que se tomaron decisiones tendentes a la eliminación de los controles que debían evitar tragedias». Moriyón dijo sentirse convencida de que el presidente Barbón va a atender la petición. En caso contrario, «la ciudad tomará nota».