En el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente de Cerredo aparecen actuaciones irregulares del Servicio de Minas desde 2018. A partir de entonces los consejeros de Industria que tuvieron bajo su responsabilidad la actividad minera fueron Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria, y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo unos días después de producirse la explosión en la mina de Cerredo. La pasada semana el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón pidió al presidente del Principado que cese a Roqueñí en su cargo de máxima responsable de El Musel, «por decencia y para impedir que siga degradando las instituciones». Colocada en tan incómoda posición, Roqueñí salió al paso de la crítica del Ayuntamiento, tachándola de «uso partidista de las instituciones». A su entender, «no es la mejor manera de hacer política» y señaló que una petición así, «no es conveniente».

¿Uso partidista? La demanda al Principado de cesarla en el cargo la realizó Jesús Martínez Salvador, segundo vicealcalde del Consistorio gijonés, portavoz del gobierno municipal y concejal de Urbanismo y Festejos. Fue una petición del Ayuntamiento de Gijón a la Presidencia del Principado. Una petición institucional que todavía no ha tenido respuesta por parte de la otra institución (Principado). No hay atisbo de partidismo. Para ello, tratándose de una iniciativa municipal, debería haber salido favorecido Foro o perjudicado el grupo municipal socialista, pero a ninguno le afecta. El motivo es «impedir la degradación institucional». Entiendo que Roqueñí no lo comparta, pero no se le pide a ella que lo deje, sino a Barbón que actúe en defensa de intereses institucionales.

Roqueñí dice que «no es de recibo» la exigencia por parte de un Ayuntamiento que tiene que tener una relación institucional con la Autoridad Portuaria. Si se acepta esa premisa, el Ayuntamiento de Gijón debería callar ante cualquier dislate la Autoridad Portuaria. Los presidentes portuarios no tienen un fuero que puedan blandir para ahogar las críticas de los consistorios que participan en la gestión del puerto.

Hasta ahora, Roqueñí ha tenido suerte en la política, porque lo sucedido en Cogersa, siendo ella presidenta del consorcio, le hubiera costado el puesto, si al frente del Principado no hubiera un presidente tan indulgente con los suyos. Para salir del atolladero, Barbón la colocó en El Musel, convirtiendo el cese en un premio.