lejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha anunciado la interposición un recurso contencioso-administrativo del Principado ante el Tribunal Supremo contra la ampliación del peaje del Huerna, ante la negativa del Ministerio de Transportes a suspender el tributo. El Principado ha intentado que el Gobierno de España cambiara de criterio ante la postura de la Comisión de Europea de considerar ilegal la prórroga del peaje, hasta 2050, al no haberse realizado el obligatorio concurso público, vulnerando los principios de transparencia y libre competencia. La Comisión Europea ha dado un ultimátum al Gobierno, y en el caso de mantener inalterable el peaje llevará la cuestión de su ilicitud al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La respuesta del Ministerio de Transportes a la petición del Principado fue entre simple y displicente, al ahorrarse argumentos jurídicos y consideraciones económicas sobre el tributo, limitándose a decir que lleva más de veinticinco años en vigor. Como dijo Calvo, el ministerio se basa en el paso del tiempo. Hay muchas reclamaciones de derechos que la pertinencia depende del cumplimiento de un plazo, pero no siendo este el caso, hablar de los años es una excusa para zanjar cualquier debate sobre el peaje. Óscar Puente, ministro de Transportes, y su secretario de Estado, José Antonio Santano, los mismos que nos hicieron la jugarreta del vial de Jove, saben bien que su mandato finaliza en un año, son conscientes de que el proceso judicial que ahora se inicia en el Supremo, y el que abrirá la Comisión Europea ante el TJUE, se prolongarán durante mucho más tiempo, y el ‘dúo de Transportes’ conoce mejor que nadie los grandes compromisos de gasto y de inversión que tiene su departamento, donde hay planes que todavía no se ejecutaron y urgencias sobrevenidas por el quebranto de carreteras y vías férreas. De todo lo que ocurra más allá de un año son irresponsables y necesitan dinero para atender las grandes demandas, bien sea porque provienen de Cataluña (8,1 millones de habitantes y poder de influencia), o porque cuentan con el apoyo de la opinión pública en todo el país.

Expuestas las premisas, no puede extrañar que mantengan el peaje de la AP-66 contra viento y marea, aunque sea en unas condiciones tan insultantes como las actuales, en que el retraso de las obras lleva a que los usuarios paguen por un servicio propio de autopista, que no reciben. Óscar Puente y José Antonio Santano no van a ceder.

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