Con la regulación migratoria extraordinaria empieza una de las mayores operaciones burocráticas de España pivotada sobre tres anclajes: Correos, la Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión. Las dos primeras entidades, Correos y Seguridad Social, tiene tradición, prestigio arraigado y antigüedad, mientras el Ministerio de Inclusión es de reciente creación, enero de 2020. Quizás por esto el decreto que regula la masiva migración fue vapuleado por el Consejo de Estado, principal organismo de asesoramiento jurídico al Gobierno.

Las dos cuestiones más conflictivas están en la documentación sobre antecedentes penales y la vulnerabilidad. Como los antecedentes penales rigen para la etapa de vida en España y en los países donde se residió los cinco años anteriores, poder llevar esas acreditaciones a la ventanilla de la Administración será muy difícil. Pensemos en los países que están en guerra ¿Desde Beirut contestaría alguien a una hipotética demanda realizada desde Huesca? Los responsables de Inclusión tenían prevista la solución con la fórmula de la declaración responsable sobre la no existencia de antecedentes penales. En el Principado se recurre a la declaración responsable en determinados trámites de proyectos empresariales, pero no cabe trasladar ese mecanismo facilitador al asunto que nos ocupa. El Consejo de Estado pidió mucho más rigor para obtener el beneficio del permiso de residencia y la oposición parlamentaria empezó a decir que la citada declaración era «un coladero». El Gobierno hizo encaje de bolillos y la declaración personal no basta, pero tampoco queda desechada: en caso de que al final no se pueda obtener el documento, habrá una evaluación de la Administración. Importante el informe policial: aunque haya antecedentes no queda denegada automáticamente la regularización, habrá una evaluación atendiendo a las circunstancias. Otro asunto conflictivo, la acreditación de la vulnerabilidad; asunto clave para aquellos que no tienen un contrato de trabajo o menores y dependientes a su cargo; queda en manos de organizaciones sociales.

Medio millón de migrantes, quizás cientos de miles más, esperan quedar regulados antes del 30 de junio. Toda la problemática expuesta pasará por una ventanilla pidiendo papeles a los que un día etiquetaron de «sin papeles». En informes del Banco de España se atribuye la cuarta parte del crecimiento del PIB, 2022-2024, a los migrantes, pero en Bruselas recelan de la operación masiva.

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