En el borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro de la mina de Cerredo consta que los tres consejeros de Industria del Principado del periodo 2019-2025 (Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández) y un viceconsejero (Isaac Pola) son responsables políticos de la tragedia. También hace responsables a tres funcionarios: exsecretario general técnico de la Consejería de Industria (Gonzalo Martín Morales), jefe del Servicio de Minas (Santiago Berjano) y jefe de sección (Alberto Quirino Vázquez).

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, realizó el informe; los parlamentarios tienen diez días para presentar enmiendas. La diputada Tomé, miembro del Grupo Mixto, dio la talla al actuar como presidenta de la comisión de investigación más dura de la etapa autonómica. En Asturias, como en España, el Parlamento está dividido en dos bloques. En la izquierda, PSOE e IU, empatan con la derecha, PP, Vox y Foro. Tomé, líder de Somos Asturies, da la mayoría a la izquierda.

Había más que dudas sobre la capacidad de Covadonga Tomé de liberarse del encasillamiento ideológico y actuar con libertad para señalar a los responsables políticos del siniestro. A la hora de la verdad, en vez de perderse en rodeos, llenando el dictamen de circunloquios, puso negro sobre blanco y dio a conocer que los responsables políticos estaban en lo más alto del organigrama de la Consejería de Industria. Determinados funcionarios tuvieron un papel en el desaguisado, pero la cadena de irregularidades no se hubiera podido producir durante un tiempo tan prolongado si por encima de ellos se hubiera actuado con rectitud.

El dictamen de Tomé hace más por la limpieza de las instituciones que cien comisionados, ombudsman y defensores juntos. El informe revitaliza la Junta General del Principado, devuelve la fe pérdida de los ciudadanos en las instituciones y muestra, aunque sea por una sola vez, que el blindaje ideológico y partidario que sirve de burladero a los incapaces y a los aprovechados, se puede quebrar anteponiendo la verdad a cualquier otra consideración, siempre que haya la dosis imprescindible de valentía. Sin duda, el dictamen de Tomé pasará a ocupar un sitio relevante en la historia de la etapa autonómica asturiana.

A ver cómo reaccionan los grupos parlamentarios. Lo más interesante será el posicionamiento del PSOE, porque la responsabilidad política recae sobre exmiembros del Gobierno. Tomé aplicó el «caiga quien caiga». Llegó hasta el final.

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