Tras la reunión de los portavoces parlamentarios, hubo largas comparecencias ante los medios. El tema candente es el dictamen realizado por Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del accidente de Cerredo. El trabajo de investigación concluye haciendo responsables políticos de la tragedia a tres consejeros de Industria del Principado de los últimos seis años (Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz, Enrique Fernández) y al viceconsejero Isaac Pola. También incluye a tres funcionarios.

El dictamen de Tomé es respaldado por IU-Convocatoria por Asturias (Xabel Vegas), que hizo matizaciones acertadas: el dictamen debería haberse entregado previamente a los miembros de la comisión; tratándose de la búsqueda de responsabilidades políticas, los funcionarios deberían haber quedado fuera del informe, como estuvieron al margen los políticos en el informe de la Inspección General de Servicios (IGS) donde se sustanciaban responsabilidades funcionariales.

Los grupos de la derecha (PP, Vox, Foro) cargaron contra el Gobierno; se sobreentiende que no votarán en contra del informe. Pumares (Foro) adelantó que presentará una enmienda para incluir a Barbón entre los responsables por el desmantelamiento del servicio de seguridad minera.

La cuestión de la reducción del servicio de seguridad minera, como medida aislada, en ningún caso debería conducir a pedir responsabilidades políticas por la tragedia. El desastre no se produce por falta de inspectores, sino por las sorprendentes actuaciones u omisiones de los responsables del servicio de minería que no controlaron eficazmente lo que pasaba en Cerredo. La culpa es de la empresa y la Administración es responsable de no haber actuado con eficacia.

A las veinticuatro horas de conocer el dictamen, el PSOE ha quedado aislado en el Parlamento. Es el único partido que no ve motivo para pedir responsabilidades políticas. Con Barbón en México, Adriana Lastra habla por la FSA: el dictamen es «un disparate jurídico y un despropósito político». Dice que la investigación judicial no apreció relación entre el accidente y la Administración. La investigación judicial se ha ampliado por seis meses. El sumario no se ha cerrado. ¿Cómo se puede negar la relación entre Administración y accidente? Si hubieran cerrado la mina, como pidieron los sindicatos en la reunión de la comisión de seguridad, ¿también habría habido muertos? Sólo con una Administración que ni ve ni oye ocurre tamaño desastre.