En el dictamen sobre la catástrofe de Cerredo se solicita habilitar, con cargo al presupuesto del Principado, un fondo de «anticipos indemnizatorios para las familias de las víctimas». Una idea acertada que recibió el apoyo de los partidos, pero no del sector mayoritario del Gobierno (PSOE). El consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, salió al corte diciendo que «no existe, en un primer análisis, esa posibilidad jurídica». Animó a las familias a que «ejerzan sus derechos tanto en el ámbito judicial, como en el administrativo».

Es la declaración más desafortunada de Peláez desde que ejerce de portavoz. Ante la ausencia de Barbón, es probable que otros dirigentes socialistas, con más galones y mayor antigüedad en la política que el consejero de Hacienda le hayan inducido a dar esa respuesta de pata de banco. Lo que me parece más humillante es mostrarles la vía judicial a las familias, como si cualquier ciudadano necesitara del aval del Gobierno para recurrir esa vía, o la vía administrativa, que en este caso encarnan Peláez y sus colegas del Gobierno. Es evidente que la indemnización no es la fórmula más adecuada en las catástrofes, aunque en este caso podría tener encaje porque hay una relación entre las decisiones y omisiones de la Administración y la libertad que tuvo el empresario para llevar adelante una tarea tan ilegal como peligrosa para los trabajadores.

Todos los grupos parlamentarios rebatieron con dureza las declaraciones de Peláez. Tomé (Somos Asturias), «lo que dice el Gobierno es inhumano, además de falso»; Xabel Vegas (IU-Convocatoria), «las instituciones están para ofrecer apoyo»; Rafael Alonso (PP), «cada día está más aislado el Gobierno de los que piensan la mayoría de los ciudadanos»; Gonzalo Centeno (Vox), «el PSOE está tan disociado de la responsabilidad del accidente que dejan al albur a las familias»; Adrián Pumares (Foro), «cuando las instituciones responden con sensibilidad se genera el sentimiento de protección». Ante el rechazo colectivo, el Gobierno (la parte mayoritaria) tuvo que rectificar y comerse sus palabras: habilitará una vía de ayudas públicas que permitirá ofertar apoyo de inmediato. En breve tiempo, ya encontró acomodo jurídico para actuar solidariamente. En la situación más difícil del mandato, no puede el Principado permitirse el lujo de quedar aislado dos veces en una semana, al negar la responsabilidad política y, también, las ayudas a los familiares afectados. ¿Habrá más rectificaciones?