Hay dos cuestiones sin clarificar en el asunto del accidente de Cerredo. La principal es el alcance de las responsabilidades en la tragedia y el otro asunto son las ayudas a las familias de los mineros muertos y heridos en los accidentes de agosto de 2022 y de marzo de 2025 en la mina. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, dijo que no había encaje jurídico para otorgar ayudas (en el dictamen de Covadonga Tomé tenían el carácter de indemnización), pero unos días más tarde cambió de criterio al ver la reacción tan negativa que suscitó entre todos los partidos su rechazo a las ayudas.

Una vez dado el visto bueno al amparo a las familias, el Gobierno tenía en su mano zanjar el asunto aprobando una ayuda extraordinaria a los familiares de los muertos (6) y heridos (5). Es la salida natural que viene propiciada por el impacto de la tragedia, el accidente laboral más importante en Asturias en lo que va de siglo. Sin embargo, el Ejecutivo se metió en una tarea más ambiciosa y engorrosa como es aprobar una norma que explicite el derecho a cobrar de los familiares de cualquier trabajador fallecido o herido en acto de trabajo. No es la primera vez que los gobiernos socialistas para evitar transmitir la impresión de ceder ante la oposición, amplían el compromiso sin saber muy bien donde se meten. Por esa vía la carrera profesional de los trabajadores de la sanidad se amplió a todos los empleados públicos del Principado (año 2011). Las exigencias de IU son prioritarias en todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la tragedia de Cerredo.

El debate partidario sigue centrado en las responsabilidades políticas del siniestro. El consejero portavoz volvió a insistir en que los socialistas solo reconocen un anómalo funcionamiento del Servicio de Minería. No quieren pasar de esa raya. Descartan que haya alguna relación entre la gestión de los consejeros de Industria señalados en el dictamen (Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz) y el accidente. En definitiva, que del accidente de Cerredo no se derivan responsabilidades políticas.

Sigue la cúpula del PSOE y del Gobierno encerrados en el búnker. Cualquiera que haya leído las informaciones y revelaciones de este periódico podrá afirmar que, sin la actuación de la Administración, dirigida por los consejeros, hubiera sido muy difícil que se crearan las condiciones que propiciaron la tragedia. La responsabilidad política es abrumadora. Cómo será que una consejera, Belarmina Díaz, dimitió.