Las diferencias entre PSOE e IU sobre las responsabilidades en el accidente de la mina de Cerredo dejan a los socialistas en minoría parlamentaria y amenazan con desestabilizar al Gobierno de coalición. Si los dos partidos que gobiernan mantuvieran la misma postura sobre los motivos del accidente, aunque perdieran la votación final sobre el dictamen –confeccionado por la diputada Tomé– y sufrieran un coste reputacional, podrían encarar el último tramo de la legislatura. De mantenerse el disenso, los socialistas, en solitario, y enfrentados a su socio, se arriesgan a llegar a la campaña electoral con exceso de plomo en las alas.

La Federación Socialista Asturiana (FSA), sorprendida por las exigencias de todos los partidos, no tuvo mejor respuesta que volver a la consigna inicial del ‘sanchismo’: no es no. No hay responsabilidades de ningún tipo ¿Por qué? Porque no es no. La culpa de las empresas de Chus Mirantes tapa las actuaciones del Servicio de Minas. Lo expresó de manera nítida Adriana Lastra: «Lo mismo me da que me pregunten por Nieves Roqueñí que por Enrique Fernández, el foco hay que ponerlo en Blue Solving». Las irregularidades o ilegalidades de la empresa blanquean todos los despropósitos realizados por la Administración del Principado.

El portavoz socialista, Guillermo Peláez, propone una vía para evitar el choque en el interior del Gobierno: llevar las diferencias al ámbito partidario. Es un planteamiento formal que permite ganar algo de tiempo, pero si los exconsejeros socialistas no son depurados (mantienen sus cargos oficiales) la crítica política y social alcanzará al Gobierno. Todos recuerdan la expresión calderoniana del presidente Barbón: «Tengo un compromiso de sangre con las familias de los muertos». Si el compromiso no da para ajustar cuentas con la negligencia, se queda en mera resonancia teatral.

Si IU vota a favor de depurar a los exconsejeros y una vez cumplido el trámite parlamentario se pone a gestionar las menudencias de cada día con la rutina del que ha cerrado un expediente delicado, será blanco de la crítica airada que provoca el engaño. El hartazgo de la gente con partidos y políticos se sintetiza en una frase que todos hemos oído mil veces: «Nadie dimite, todos se aferran al cargo». En Adamuz clamaban por la responsabilidad del ministro Puente y en Cerredo esperan que la culpa de la empresa se sustancie en el juzgado y del hacer de la Administración del Principado se deduzcan responsabilidades políticas con nombres propios.

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