Tras el viaje a México, Adrián Barbón volvió a la Junta General del Principado para responder a las preguntas de la oposición. Mientras estuvo al otro lado del ‘charco’ evitó posicionarse sobre la petición de responsabilidades políticas por el ‘caso Cerredo’. Tuvo tiempo para polemizar sobre el asunto de la prioridad nacional sobre los migrantes que ha exigido Vox para poner en dificultades al PP, pero de la cuestión candente de la política asturiana, ni palabra.

Como ya ocurrió con otros temas delicados (quita de la deuda), el presidente habló por persona interpuesta: Guillermo Peláez, portavoz y consejero de Hacienda, y Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo. Ninguno de los dos hizo un papel muy lucido, quizás porque la tesis de la FSA es indefendible: tras el desmadre de las empresas de Chus Mirantes en Cerredo, la Administración autonómica está inmaculada. En el Parlamento no la compró nadie.

Barbón no aportó nada nuevo a lo ya expuesto por sus portavoces y por Adriana Lastra. El líder de la oposición, Álvaro Queipo, realizó una intervención demoledora, sin gestos ni inflexiones de voz, pero irrefutable: «El Gobierno generó las condiciones necesarias para que las empresas (Combayl, Blue Solving) operasen en la más absoluta ilegalidad; hubo negligencia política gravísima y hay responsabilidades políticas directas»

La respuesta de Barbón fue muy endeble, rescatando anécdotas tan fútiles como que Queipo felicitó a una consejera cuando la nombraron y no le respondió cuando la cesaron. El único elemento mínimamente novedoso en las intervenciones de Barbón fue transformar la cuestión de las responsabilidades políticas en materia penal: «No existe ningún elemento que diga que quienes ocuparon responsabilidades políticas en Industria sean responsables por acción u omisión de los cinco muertos». Lo cierto es que nunca se hubiera producido la tragedia sin la laxitud administrativa.

La diputada Tomé acusó a Barbón de engañar a los ciudadanos al mezclar las responsabilidades penales que se sustancian en los tribunales y las políticas que se ventilan en el Parlamento. Señaló que era compatible la denuncia de Blue Solving con la exigencia de responsabilidad política al Principado por permitir que operara sin mostrar solvencia técnica ni financiera. Barbón retomó una afirmación de Lastra: lo más fácil sería reconocer la responsabilidad de sus exconsejeros. Sin embargo, hace esfuerzos denodados por no llegar a esa situación.

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