El Principado ha realizado una maniobra extravagante al convocar dos consejos de Gobierno sucesivos (lunes, martes), con la particularidad de que el primero se mantuvo en secreto hasta finalizar el Consejo del martes. El objetivo de la primera reunión era el de rechazar la propuesta de Covadonga Tomé (Somos Asturias) de facilitar ayudas a las familias de los mineros fallecidos y heridos en los accidentes de la mina de Cerredo de los años 2022 y 2025. Al Gobierno se le acababa el plazo para remitir a la Junta General del Principado su decisión desfavorable y reunió con carácter extraordinario al Ejecutivo. El lunes mantuvo oculto el rechazo a las ayudas de Tomé y el martes se explayó el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, sobre la línea de ayudas del Principado a las familias de los muertos en accidentes de trabajo, anunciando una cantidad de 70.000 euros por deceso. No cabe duda de que la propuesta de la diputada del Grupo Mixto fue lo que despertó el ingenio del Gobierno para dar ayudas, pero con un carácter más amplio al incluir los muertos en todos los accidentes de trabajo, no solo los fallecidos en Cerredo.

Cuando Tomé anunció su propuesta de beneficiar a las familias de los muertos y heridos, el Gobierno ya dijo que estaba pensando en una iniciativa más universal, más global. En estas líneas ya advertimos que el intento por minimizar o superar la iniciativa de la diputada que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno con su dictamen sobre la catástrofe podría resultar muy gravoso, producto de la improvisación y la necesidad de retomar la iniciativa política, al verse los socialistas aislados y criticados. Pusimos de ejemplo lo que sucedió hace quince años con la carrera profesional de los médicos. En vez de concederles el complemento de la carrera profesional a los que se habían movilizado por él, ampliaron la carrera a todos los colectivos de la función pública. Recuerdo que a los pocos años, solo el complemento de los docentes alcanzaba los 20 millones de euros.

Hubiera sido más sensato dar una ayuda singular a las familias de una tragedia que impactó a toda la sociedad. El Gobierno la rechazó diciendo que «quebraba el sistema presupuestario». Lo que daña a las cuentas asturianas es el creciente gasto corriente, que empieza con el aumento de las contrataciones para engordar la Administración autonómica. La negativa a reconocer responsabilidades políticas de los exconsejeros, los lleva a compensarla multiplicando las ayudas. Ese trueque no va a ser posible.